El martes 23 de abril el Tribunal Superior de Justicia de Brasil determinó por unanimidad la reducción de la condena del ex presidente, Lula da Silva, de 12 años y un mes a unos 8 años y 10 meses por sus vínculos de corrupción y lavado de dinero.
La leyes brasileñas indican que, luego de que un recluso cumpla con la sexta parte de su sentencia, puede solicitar cumplir el resto de su condena bajo arresto domiciliario o “régimen semiabierto”, donde puede salir a trabajar pero debe dormir en la cárcel.
Por lo tanto, dicha decisión del Tribunal abre la posibilidad de que Lula sea trasladado a arresto domiciliario este mismo año, ya que en septiembre cumpliría la sexta parte de su condena.
Por su parte, da Silva manifestó que “el problema no es reducir la pena” sino que la sentencia “tiene que ser cero”, asegurando que hasta ahora no había tenido “derecho a un juicio justo».
Por otro lado, el abogado defensor de Lula, Cristiano Zanin, declaró que «es la primera vez que un tribunal reconoce que las penas aplicadas por el ex juez Moro y el Tribunal Regional 4 fueron abusivas”.
