Militantes de la Alianza Popular Revolucionaria Americana velaban el jueves los restos del expresidente peruano Alan García, quien acabó con su vida de un disparo en la cabeza cuando la policía se disponía a detenerlo en su residencia en el marco de una investigación por lavado de activos ligada al caso Odebrecht.
El secretario personal de García, Ricardo Pinedo, dijo a periodistas que el dos veces expresidente peruano será enterrado el viernes en un cementerio de la capital.
Cientos de militantes de diversas partes del país llegaban hasta el local del partido Apra para despedir al político, donde también estuvieron sus hijos, la ex primera dama Pilar Nores y quien fuera su pareja Roxanne Cheesman.
García murió la víspera en un hospital horas después de dispararse en la cabeza con un revólver Colt, una de las nueve armas que guardaba en su dormitorio. El ministro del Interior Carlos Morán comentó que cuando el equipo fiscal ingresó con la policía al primer piso de la mansión del expresidente para arrestarlo, García -que se encontraba en el segundo piso- indicó que iba a hacer una llamada a su abogado y se encerró en su dormitorio para después dispararse.
Es el primer caso de un expresidente de Latinoamérica que se quita la vida mientras es investigado por el caso Odebrecht. La próxima semana los fiscales que investigan a la élite política peruana entrevistarán en Brasil a Jorge Barata, el exgerente en Perú de la constructora, quien deberá responder preguntas sobre el exmandatario.
De acuerdo con la fiscalía el expresidente habría recibido unos 100.000 dólares de Odebrecht maquillados bajo la apariencia de pagos por una conferencia en Sao Paulo que García dio en 2012.
A fines de 2018 el expresidente intentó evadir a la justicia ingresando a la embajada de Uruguay en Lima y solicitando un asilo por supuesta persecución política. Pero el gobierno del presidente uruguayo Tabaré Vásquez rechazó su petición y desde entonces García vivió vigilado por la policía porque tenía prohibido salir del país por 18 meses.
García, de 69 años, gobernó Perú en dos oportunidades, la primera de ellas de 1985 a 1990, cuando dejó al país sumido en su mayor crisis económica contemporánea. Volvió al poder en el periodo 2006-2011.
Todos los presidentes de Perú desde 2001 tienen cuentas pendientes con la justicia por sus nexos con Odebrecht. Alejandro Toledo (2001-2006) reside en Estados Unidos, aunque se ha pedido su extradición, y Ollanta Humala (2011-2016) también estuvo preso junto a su mujer entre 2017 y 2018. Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) enfrenta un pedido de prisión domiciliaria tras estar detenido desde el viernes último.
Odebrecht está en el centro de un enorme escándalo de corrupción en América Latina después de admitir en 2016 -como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos- que sobornó a funcionarios de la región por cerca de 800 millones de dólares a cambio de recibir contratos de obras de infraestructura.
