El 15 de octubre del 2018, cerca de 10 millones de personas, un tercio de la población venezolana, se quedó sin electricidad. Para ese entonces, el ministro de energía, Luis Motta Domínguez, dijo que el apagón se debió al incendio de la subestación La Arenosa, la cual provee más del 60% de energía a Venezuela, ubicada en el estado Carabobo.
Luego de casi día y medio en penumbra, expertos en la materia explicaron que el problema a profundidad se debe a la sobrecarga del sistema eléctrico y aseguraron que si no se atendía esta problemática el país podría caer en un colapso eléctrico.
Y fue así. Cinco meses después, Venezuela sufrió el apagón más grande en su historia. Los 23 estados quedaron en total oscuridad. Esta vez, Nicolás Maduro evadió su responsabilidad y aprovechando el inicio de la Semana Santa, se lavó las manos como Poncio Pilato y culpó a los Estados Unidos de promover Cyber-ataque al país.
Fueron cinco días de nervios, miedos, frustración y angustia. Los venezolanos buscaron la manera de saciar la sed comprando o recargando botellones de agua a cualquier precio que los inescrupulosos colocaran. Incluso, usuarios en las redes sociales denunciaron que una bolsa de hielo la vendían en 3 dólares, una “pipa” de agua en 7.000 mil bolívares en efectivo y un camión cisterna rondaba en 80 dólares.
En Caracas la falta de electricidad obligó a sus habitantes a recoger agua del río Guaire, pese a su nivel de contaminación. En Maracaibo, medios locales reportaron saqueos en varios puntos de la ciudad como La Limpia, Curva de Molina, Delicias y el casco central. El Sambil fue desmantelado y Makro fue hurtado en su totalidad. Lo marabinos aseguran que estos hechos delictivos son similares a los del caracazo en 1989.
En Barquisimeto, los transeúntes afirmaron que en la concurrida avenida Vargas, los comerciantes vendían la carne y pollo en 3.000 bolívares en efectivo el kilo para evitar que se dañara. Igual que en Caracas, los larenses recurrieron a los ríos para abastecer sus viviendas del vital liquido. También se vieron obligados a trasladarse a centro comerciales para cargar sus teléfonos y poder comunicarse con sus familiares en el exterior.
Debido al apagón general prolongado, que inició el 7 y culminó el 11 de marzo, 26 personas fallecieron en los principales centros asistenciales del país debido a la crisis energética, así lo informó el médico oncólogo y diputado ante la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares.
