La ejecución de personas, el uso de fuerza excesiva y la detención arbitraria a cientos de ellas, incluyendo adolescentes, en una escalada de su política de represión para controlar a la sociedad venezolana y castigar particularmente a habitantes de zonas populares que decidieron protestar entre los días 21 al 25 de enero de 2019, caracterizaron la actuación de las fuerzas de seguridad bajo la línea de mando de Nicolás Maduro.
Así lo dio a conocer este miércoles, en conferencia de prensa, Amnistía Internacional, en un balance en el cual señala que sólo cinco días, al menos 41 personas fallecieron durante estas protestas, todas por herida de arma de fuego, reportándose más de 900 detenciones; mientras que después del 23 de enero se registraron más de 770 detenciones arbitrarias.
«La estrategia de control social que
tratan de imponer las autoridades de Nicolás Maduro a través del miedo y el
castigo contra quienes exigen un cambio, es repulsiva. Su gobierno se está
ensañando con la gente más empobrecida que dice defender, pero que luego
asesina, detiene y amenaza», dijo Erika Guevara Rosas, directora para las
Américas de Amnistía Internacional.
Ratifican que Venezuela vive desde hace años una profunda crisis de violaciones
masivas de derechos humanos, ante la escasez de alimentos, medicinas,
hiperinflación, violencia y represión política, y que ha obligado a más de 3
millones de personas a huir del país desde el 2015.
Ante esta realidad, miles de personas han salido a las calles a exigir un
cambio de gobierno. Del 21 al 25 de enero, se registraron numerosas
manifestaciones, muchas de ellas en zonas populares, donde las protestas
demandando este cambio no habían sido tan visibles hasta ese momento. Existe
una amplia presencia de grupos armados pro Nicolás Maduro (conocidos comúnmente
como «colectivos») en estos sectores, cuyos habitantes dependen en
gran medida de los, actualmente limitados, programas de distribución de
alimentos básicos del Estado.
En sólo cinco días, al menos 41 personas fallecieron durante estas protestas,
todas por herida de arma de fuego. Más de 900 fueron detenidas de forma
arbitraria, y tan solo el 23 de enero (día en que se convocaron manifestaciones
en todo el país), se reportaron 770 detenciones arbitrarias.
En una misión de investigación en los estados Lara, Yaracuy, Vargas y distintas
localidades de Caracas, del 31 de enero al 17 de febrero, Amnistía
Internacional recabó más de 50 testimonios, y documentó 15 casos emblemáticos,
algunos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho
internacional.
Ejecuciones extrajudiciales
Amnistía Internacional documentó seis ejecuciones extrajudiciales a manos de las FAES en varias localidades del país, todas con un modus operandi similar. En todos los casos, las víctimas tenían algún vínculo con las protestas en días anteriores y las denuncias de varios de ellos en contra de Nicolás Maduro se habían vuelto virales en redes sociales.
Las seis víctimas eran hombres jóvenes a quienes las autoridades presentaron públicamente como muertos en enfrentamiento con las FAES. Esta fuerza pública manipuló las escenas de crimen, y pintó a las víctimas como delincuentes, refiriendo que varios de ellos tenían antecedentes penales en un intento de justificar las muertes.
«Como hemos visto muchas veces en Venezuela, las autoridades intentan hacer creer que las personas que murieron durante los días de protestas, principalmente jóvenes de zonas de escasos recursos, eran delincuentes. Su único crimen fue atreverse a pedir un cambio y exigir una vida digna», dijo Erika Guevara Rosas.
Luis Enrique Ramos Suárez tenía 29 años cuando oficiales de las FAES lo ejecutaron el 24 de enero en la ciudad de Carora. Ese mismo día, más de 20 integrantes de las FAES fuertemente armados y en su mayoría encapuchados, allanaron ilegalmente la casa de los Ramos Suárez, y sometieron a malos tratos a los diez miembros de la familia que se encontraban ahí, de los cuales seis eran niños. Tras ubicar a Luis Enrique a través de su apodo, lo obligaron a arrodillarse en medio de la sala mientras que un funcionario le tomaba fotos y otros lo golpeaban. Minutos después, dispararon a Luis Enrique dos veces en el pecho. Murió inmediatamente.
Según el Foro Penal Venezolano, las autoridades detuvieron a 137 niños, niñas y adolescentes en todo el país del 21 al 31 de enero. De esos casos, Amnistía Internacional documentó la detención arbitraria de seis personas, entre ellas cuatro adolescentes que participaban en una protesta, o simplemente la observaban de cerca, en la ciudad de San Felipe el 23 de enero.
«Detener arbitrariamente a más de un centenar de adolescentes y someterlos a tratos crueles, que en ocasiones pudieron haber constituido tortura, pone en evidencia cuán lejos están dispuestas a llegar las autoridades en su intento desesperado de limitar la protesta e intentar someter a la población», dijo Guevara Rosas.
Recomendaciones preliminares
Las autoridades venezolanas deben desarticular la política de represión que se ha consolidado en los últimos años y cumplir con su obligación de garantizar justicia, verdad y reparación para las víctimas de violaciones a derechos humanos o crímenes de derecho internacional.
«La justicia venezolana parece tener por regla abandonar a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Las pocas personas que vencen el miedo y denuncian se encuentran indefensas y en riesgo ante la falta de respuesta de las autoridades», dijo Guevara Rosas.
Debido a los severos obstáculos que existen para acceder a la justicia en Venezuela, Amnistía Internacional pide al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que tome medidas para hacer frente a la impunidad total que prevalece en el país, mediante la creación de un mecanismo de investigación independiente para supervisar e informar sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.
Además, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional podría considerar estos hechos, y de hallarlos fundados, incorporarlos como parte del examen preliminar ya en curso sobre Venezuela.
Los países preocupados genuinamente por la situación de derechos humanos en Venezuela, deben explorar el ejercicio de la jurisdicción universal, que sirva de alternativa para la búsqueda de justicia que las víctimas no pueden alcanzar localmente.
«La justicia internacional es la única esperanza para las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Es el momento de activar todos los mecanismos disponibles para evitar más atrocidades», dijo Erika Guevara Rosas.
