Su “profunda preocupación por los hechos de violencia ocurridos los días 23, 24 y 25 de enero, en los perdieron la vida ciudadanos venezolanos, de los cuales varios eran estudiantes universitarios”, manifestó la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu), a través de un comunicado.
En efecto, los Rectores tanto de gestión pública como privada expresaron consternación por el fallecimiento de los jóvenes Luigi Ángel Guerrero Ovalles, de 24 años de edad, cursante del cuarto año de Comunicación Social en la Universidad de los Andes (ULA), Núcleo-Táchira, y Juan Rafael Medina Torres, de 19 años de edad, quien cursaba el décimo trimestre de Ingeniería en la Universidad Yacambú, Núcleo- Portuguesa, quienes participaban de forma cívica y pacífica en la marcha del 23 de enero.
La Averu advierte que en Venezuela, en los últimos 19 años, “se ha instaurado una cultura de muerte, pese al mandato del artículo 43 constitucional conforme al cual el derecho a la vida es inviolable, ordenando al Estado proteger la vida de las personas que se encuentran privadas de libertad, en servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma”.
Recuerdan que las universidades contribuyen a fomentar, a través del conocimiento con la cultura de la paz mediante la educación y la ciencia, con el propósito de asegurar el respeto al derecho a la vida, justicia, a la ley, derechos humanos y libertades fundamentales, precisa el comunicado.
Destacan que desde el punto de vista jurídico, el derecho a la vida es un derecho fundamental que protege a las personas de la muerte y “de toda forma de maltrato o violencia que haga su vida indigna, así, atentan contra la vida el genocidio (exterminio de un grupo por su nacionalidad, religión, raza o etnia), el terrorismo, la tortura, el secuestro o la desaparición forzada de personas (terrorismo de estado), la esclavitud y los malos tratos, la discriminación y la implantación de resentimiento y xenofobia que genera entre los ciudadanos odio e intolerancia que destruye la convivencia en armonía de un país”.
En el comunicado, firmado por los 17 rectores de las universidades que conforman Averu, los profesores advierten que la protesta cívica y pacífica es un derecho político fundamental consagrado en la Constitución Nacional en su artículo 68, y cualquier intento de menoscabar, impedir o reprimir la manifestación constituye una violación de principios constitucionales, de los derechos humanos y estándares nacionales e internacionales.
“La criminalización de la libertad de expresión, la disidencia, y la participación en los asuntos públicos por parte de cualquier ciudadano origina una respuesta de represión desmedida y letal, ocasionando el asesinato y detención arbitraria de centenares de ciudadanos civiles y desarmados, hecho que ha venido ocurriendo en Venezuela bajo la mirada cómplice de los órganos públicos llamados a defender al ciudadano”, señala el escrito.
“La Asociación de Rectores rechaza y condena el inconstitucional uso excesivo de la fuerza mediante los cuerpos de seguridad del Estado y más recientemente de cuerpos de élites como el Faes, Conas y agrupaciones paramilitares que actúan en labores de represión, sin tener competencias, equipamiento y entrenamiento para gestionar manifestaciones con apego a principios de uso progresivo y diferenciado de la fuerza”, indica el comunicado de la Averu.
