El barrio salió y se encontró la represión ordenada por el madurismo. En los procedimientos realizados por las FAES ya no se guarda ninguna forma. Lo que hemos observado desde la creación de este organismo adscrito a la Policía Nacional Bolivariana, hoy se evidencia sin eufemismos ni justificaciones.
A los tres asesinados en Carora (tercera ciudad más importante del estado Lara) les quitaron la vida no por tratar de “resistirse” a un procedimiento policial, lo hicieron por difundir un audio en redes sociales donde se hacía un llamado a supuestos líderes de bandas a protestar en la alcaldía del municipio Torres. No hubo protesta; pero sí hubo asesinatos.
La respuesta fue letal, matarlos para evitar que lo comunicado por una nota de voz en WhatsApp afectara la preservación de su estatus. A los fallecidos en la ciudad de El Tocuyo (capital del municipio Morán en el Estado Lara) los masacraron por protestar frente a la casa de la alcaldesa de dicho municipio. No hubo detención, averiguación, no hubo justicia. Hubo asesinatos que muestran la repetición de una estrategia represiva con rasgos más violentos y criminales que en años anteriores.
Lo sucedido en estas dos ciudades, no se trató de una operación para desmantelar organizaciones delictivas, evitar el robo a ganaderos, detener el hurto de insumos agrícolas y cosechas de maíz, abigeatos o evitar alguna extorsión. Delitos, que según nuestros estudios académicos en el Observatorio Venezolano de Violencia, son comunes en estas zonas de trayectoria productiva en la ganadería y la agricultura. El propósito central, por el contrario, fue preservar con “sangre y fuego” el poder e infundir miedo en la barriada larense para contener la transformación del descontento social en reivindicación política.
Ante la novedad de ver como personas, otrora adeptos al chavismo, se unieron a la concentración del 23E, la policía respondió con armas. Ante la novedad de sentir la desobediencia de aliados que en 2017 colaboraron con la represión de la protesta, las FAES actúan violando el derecho a la vida. Ante el constante estallido social, la reacción es asesinar a quienes se convirtieron en una amenaza real en el mantenimiento del poder. El pretexto ya no es que son delincuentes, ahora es por tratarse de enemigos políticos.
Sin embargo, la protesta continúa. En enero de 2019 en nuestros barrios no solo se sale a marchar por derechos económicos, sociales, culturales y ambientales como se pudo evidenciar en el “89% de las 12.715 protestas ocurridas en el país durante 2018” (OVCS, 2018). En esta oportunidad se salió a la calle en apoyo a Guaidó, a la Asamblea Nacional y a la actual estrategia que asume el vacío de la presidencia de la República.
En la lucha que se vive en los sectores populares y en las nuevas ciudades donde se protesta, confluye la diversidad de grupos y relaciones que define lo social en Venezuela. Sale la joven madre de familia como Stefany Jajoy en Catia (asesinada por las FAES el 22/01/19). También el joven trabajador Frankie Nova en el Junquito (asesinado por la GNB el 22/01/19), el universitario Juan Medina en Guanare estado Portuguesa (asesinado por la PNB/GNB el 23/01/2019) y Daniel Veliz, también universitario en San Felipe estado Yaracuy (asesinado por la PNB/GNB el 23/01/19)
Así como también salen jóvenes hechos en un contexto de criminalidad, ocio, desigualdad, hambre e impunidad. Quienes llevan vidas violentas; han deseado ser CICPC para delinquir con permiso, han colaborado y hecho negocios con policías, y ahora como en toda relación entre organizaciones criminales y Estados delincuenciales, se vengan, se traicionan y deciden enfrentarse.
De manera que en 2019 protesta el pobre por su empobrecimiento, pero también protesta el violento por su condición de violentado, porque en 2018 el gobierno asesinó por lo menos a 7523 personas bajo la excusa de “resistencia a la autoridad” (OVV,2018) que en su mayoría fueron ejecuciones extrajudiciales.
La impunidad, la permisología delictiva y la crisis socioeconómica provocada en años de ingobernabilidad le pasa una gran fractura al madurismo.
Debemos alzar la voz y repudiar la violencia promovida por los cuerpos policiales. La amenaza creciente de su salida de los espacios de poder acelera la represión criminal. Defendamos el derecho a la justicia, a la protesta y a la vida. El barrio a quienes tantas veces la empobrecida clase media le pidió salir, hoy necesita solidaridad. El mensaje es uno solo: defendamos la vida y repudiemos la violencia. Luchemos todos por la libertad.
