La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, arranca el sábado una nueva etapa de confrontación con el gobierno al declarar la ilegitimidad de Nicolás Maduro a pocos días del inicio de su segundo mandato, mientras se intensifican las presiones internacionales para que se convoque nuevamente a elecciones en el país.
Luego de tres años de forcejear sin éxito con Maduro, la oposición aprovechará el inicio de sesiones del Congreso y la instalación de una nueva directiva para intensificar la confrontación contra el gobierno venezolano, que inicia el 10 de enero su segundo mandato de seis años en medio de crecientes presiones internas y externas, y una profunda crisis económica y social.
Los alrededores del Palacio Legislativo, ubicado en el centro de la capital, amanecieron tomados por decenas de guardias nacionales que restringieron el paso de vehículos y personas al lugar.
Tras las votaciones del 20 de mayo, la oposición anunció que no reconocería la reelección de Maduro alegando que el proceso no se realizó bajo condiciones transparentes y apegadas a las leyes, pero hasta el momento no ha establecido las acciones que seguirá tras declarar su ilegitimidad.
La nueva directiva estará encabeza por el diputado Juan Guaidó, de 35 años, miembro del partido Voluntad Popular que dirige el líder Leopoldo López, quien se encuentra bajo arresto domiciliario desde el año pasado tras ser condenado a casi 14 años de cárcel por promover unas protestas en el 2014.
La instalación de la nueva directiva se da un día después del duro pronunciamiento que realizó el Grupo de Lima, que integran 14 países de la región, que pidió a Maduro que no asuma el 10 de enero el segundo mandato, y que transfiera el poder a la Asamblea Nacional hasta que se convoquen nuevas elecciones.
Trece de los representantes de las cancillerías, con excepción de México, aprobaron un documento en el que reiteran que la elección presidencial del 20 de mayo «carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales», y plantean el no reconocimiento de la legitimidad del nuevo período de Maduro.
Asimismo, el grupo llamó a endurecer las sanciones contra el gobierno de Maduro y sus funcionarios, y expresó su apoyo a los esfuerzos para iniciar procedimientos contra el mandatario venezolano en la Corte Penal Internacional.