La “Ley orgánica de la megareserva de agua dulce y biodiversidad del sur del Orinoco y la Amazonía”, que entre otras disposiciones deroga el decreto 2.248 firmado por Nicolás Maduro el 24 de febrero del año 2016, mediante el cual crea el Arco Minero, fue aprobada en segunda discusión y en forma unánime por la Asamblea Nacional.
En esta región actualmente se perpetra “el mayor crimen ecológico de la historia”, según denuncian los autores del instrumento legal, al tiempo que se escenifica una guerra entre distintas mafias, nacionales y extranjeras, que buscan hacerse del control de la explotación del oro, coltán, diamantes, hierro, bauxita y otros minerales preciosos.
Uno de los proponentes de la ley, el diputado y presidente del Parlamento Amazónico capítulo Venezuela, Ramón Flores, dijo que con la nueva legislación se busca rescatar la soberanía del país, además de “evitar que se destruya el patrimonio ecológico de la humanidad que pertenece a las presente y futuras generaciones, amén de cuidar el potencial hidroeléctrico de la gran cuenca del Caroní”.
Daños irreversibles
El diputado Flores ratificó que con las operaciones del Arco Minero se produce “un daño irreversible” en los estados Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas, “que representan 112 mil kilómetros cuadrados que impactan en casi 200 mil kilómetros cuadrados, territorio más grande que Cuba, Portugal o Costa Rica”, debido al uso de cianuro y mercurio, “químicos que envenenan las aguas y destruyen todo lo que encuentran a su paso, la flora, fauna, montañas, ríos, tepuyes, el escudo guayanés, el Salto Ángel, el parque nacional Canaima (patrimonio natural de la humanidad según la Unesco), y la gran cuenca del Caroní donde se genera el 70% de la energía eléctrica del país”, afirmando que “sin sur el norte es inviable”.
El parlamentario agregó que toda esta situación “significa una tragedia para nuestras comunidades indígenas que otra vez son estafadas y discriminadas por el régimen de Maduro, porque deben salir de sus tierras originarias para poder sobrevivir a la miseria, hambruna y enfermedades que los azotan”.
Asimismo, Flores Carrillo dijo que otro de los objetivos de la ley es que Venezuela “transite el camino que supere esta oscurana del socialismo depredador que privilegia el rentismo minero destructor”, al promover el turismo sustentable y la protección del ecosistema del sur del país.
Promotores de la ley
El diputado agradeció al presidente de la AN, Omar Barboza, por la prioridad parlamentaria que la asignó a la nueva ley que también contó con el respaldo de la Comisión Mixta que preside el también diputado Américo De Grazia junto a Julio César Reyes, Ezequiel Pérez, Francisco Sucre; a la Comisión de Ambiente del diputado Luis Parra Rivero y María Gabriela Hernández; a la Comisión de Pueblos Indígenas del diputado Romel Guzamana, “conjuntamente con el Parlamento Amazónico que me honro en presidir junto a los diputados Franco Cassela, José Hernández, Larissa González, Miguel Pizarro y todo un equipo multidisciplinario de dignos hombres y mujeres, ong ambientales de derechos humanos que llevaron sus valiosos aportes, propuestas, consultas, foros y charlas. También quiero hacer un justo y merecido reconocimiento al doctor Alexander Luzardo Nava, exsenador, profesor de la UCV, redactor de las normas contenidas en la actual constitución relativas al tema ambiental, porque valoramos su genuina entrega e indiscutible aporte de más de 40 años dedicados por completo al tema ecológico, y fue un factor determinante para que esto fuese un éxito”.
Gran corredor ecológico
Por su parte el autor de la “Ley orgánica de la megareserva de agua dulce y biodiversidad del sur del Orinoco y la Amazonía”, el doctor Alexander Luzardo Nava, dijo que además de derogarse el decreto 2.248 que creó el Arco Minero, también quedan sin validez todos los que fueron firmados “en socialismo” entre los años 2004 y 2016 que avalan la “minería a mansalva”, como el 3.110 del difunto Hugo Chávez “ que destruye la reserva forestal del parque nacional de Imataca”; así como el 2.231, con el que nació la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), que pone en manos de los militares la explotación del oro, entre otros minerales valiosos y recursos naturales.
El también ex senador de la República añadió que el instrumento legal plantea la creación de “un gran corredor ecológico al sur de Venezuela, compuesto por los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, dándole rango de ley a los decretos que se firmaron en la era democrática, desde 1961 hasta 1991 que dieron nacimiento a los parques nacionales, monumentos naturales y áreas protegidas.
