La defensa del ex viceministro Nervis Villalobos, detenido en España por su vinculación en el lavado de más de 2.000 millones de euros de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en varios bancos de Andorra, aseguró que hasta la fecha no ha recibido notificación de extradición por parte del gobierno venezolano y que, en todo caso, su defendido se negará a ser entregado.
“Es difícil imaginar un proceso legítimo iniciado por un gobierno en general, y una Fiscalía en particular, que el mundo reconoce como ilegítimo y en violación constante de derechos humanos”, argumentó un comunicado de la defensa en referencia a las autoridades venezolanas reseñado por agencias internacionales.
La justicia venezolana asegura que Villalobos se benefició con comisiones que alcanzan los 1,8 millones de euros.
El ex viceministro es acusado de operar un grupo en torno a Rafael Ramírez, venezolano en el exilio que fue ministro de Energía de Chávez y presidente de la petrolera estatal entre 2004 y 2014, y a quien se le acusa de haber beneficiado con contrataciones irregulares y comisiones a sus primos Diego Salazar y José Enrique Luongo.
Salazar y Luongo fueron detenidos hace casi un año en Venezuela y permanecen desde entonces arrestados en el centro conocido como “La tumba”, los sótanos de la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), donde han denunciado violaciones de derechos humanos.
Estas dos personas, dice la petición de extradición cursada por Venezuela, “desarrollaron toda una estructura delictiva” de la que formaba parte Villalobos, que cumple prisión preventiva en España por blanqueo.
También fue reclamado por Estados Unidos, una petición a la que él accedió pero que no se podrá cumplir hasta que finalicen las causas en su contra en los juzgados españoles.
Las acusaciones de Venezuela se basan en informes de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra, país europeo que supuestamente usaron los miembros del “grupo Salazar” para esconder el dinero de las comisiones de Pdvsa y donde varios de ellos, incluido Villalobos, han sido procesados por estos hechos
Según la solicitud de extradición, estas comisiones se pagaron mediante sus cuentas y las sociedades panameñas que controlaban a la Banca Privada de Andorra, “por donde transitaron 2.000 millones de euros” (unos 2.260 millones de dólares).
