No le han salido nada bien las cosas al señor Donald Trump en su tozudo empeño de anular a los periodistas y medios de comunicación de su país. La naturaleza arbitraria y populista del jefe de gobierno norteamericano a claras vistas no tolera la permanente – y muy necesaria – vigilancia que, sobre él, y sobre su gobierno, ejercen los periodistas y medios en ese país. Las pocas opciones para resolver ese problema sugieren que Trump debería habituarse a la difícil relación de los medios y el gobierno, o caso contrario, el impasse puede concluir en las más indeseables consecuencias tanto para la sociedad norteamericana, para las libertades individuales del ciudadano común, así como para el propio gobierno del inefable mandante. Reconozco que es preferible tener una mala prensa a no tener ninguna.
Trump Inició su cruzada calificando a los periodistas como los más dañinos enemigos del pueblo norteamericano. De ser los difusores de los Fake News que más lo afectan, así como de haberse constituido en una fábrica de mentiras en contra de toda su administración. En su más reciente escaramuza, la intolerancia de Trump se expresó con mayor rigor al ordenar el retiro de las credenciales al periodista Jim Acosta de la cadena CNN, acreditado como corresponsal jefe ante la Casa Blanca. Otra cadena de noticias, Fox News, se unió al rifirrafe y entre ambas demandaron ante la justicia de su país el derecho que les asiste a estar presentes en los sitios y espacios donde se generen las noticias. En especial las noticias que se originan en la sede del gobierno, protagonizadas por Trump, y cuyo interés termina por ser de general atención del pueblo norteamericano.
Un juez reconoció el derecho de las cadenas de noticias a estar allí. Justo donde el primer ciudadano de ese país, con sus actuaciones – no siempre ajustadas a las de un patrón de buenas formas y costumbres- genera hechos tan bochornosos que terminan por ser noticias de interés de todos ciudadanos de ese país y del mundo en general. La contra replica de Trump, al aceptar el fallo parcial del Juez, pues el juicio aún no concluye, es ordenar a sus equipos de prensa no enfocar al irritante periodista Jim Acosta cuando vuelvan a enfrentarse durante el desarrollo de otra nueva rueda de prensa.
Además, han hecho públicas nuevas normas en cuanto al número de preguntas posibles durante una rueda de prensa, la discrecionalidad del jefe de gobierno en permitir una repregunta sobre el mismo tema y como se administrará el uso del micrófono durante los encuentros de Trump y los periodistas. Vale acotar como principio y norma que las relaciones entre el poder y el periodismo no tienen –y no deben- que ser un torneo de cordialidades.
Según el magistrado Timothy Kelly, quien fue designado en 2017 por Trump, la Casa Blanca no respetó el debido proceso al revocar la acreditación de marras, porque no notificó previamente al periodista; quien no tuvo la oportunidad de defenderse y presentar un descargo por escrito antes de que su pase fuera retirado. Otra opinión, es la de Jim Windolf, editor de The New York Times, quien expresó su cautela sobre el contenido del dictamen, asegurando que “puedes ciertamente echar a un periodista de la Casa Blanca, pero tienes que seguir los procedimientos. Opina Windolf que no fue necesariamente una victoria de la Primera Enmienda a la constitución norteamericana, un instrumento que protege a la prensa libre e impide cualquier acción que puedan coartar su desempeño.
El abogado David Lurie, al frente de un estudio en Nueva York, fue más optimista. “La legislación actual es abrumadoramente favorable a la CNN. Incluso, según la doctrina de los tribunales federales de Estados Unidos, el juez está obligado a seguir las decisiones de instancias de apelación más altas en Washington, que decidieron en un caso previo a favor de un periodista demandante”, explicó el abogado.
La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege los derechos a la libertad de religión y a la libertad de expresión sin interferencia del gobierno. Dos cláusulas de la primera enmienda garantizan la libertad de religión. La cláusula de establecimiento (Establishment Clause) prohíbe que el gobierno apruebe leyes que establezcan una religión oficial o muestren preferencia por una religión sobre otra.
La libertad de expresión incluye los derechos a la libertad de palabra, de prensa, de reunión y de petición, derecho que permite a los ciudadanos reclamar ante el gobierno una compensación por agravios. También incluye los derechos implícitos a la libertad de asociación y creencia. La Corte Suprema de los Estados Unidos consideró que el alcance de estos derechos se aplica al gobierno federal, aunque sólo se menciona expresamente al Congreso. Además, la Corte interpretó que la cláusula de debido proceso de la decimocuarta enmienda protege los derechos enumerados en la primera enmienda respecto de la intervención de los gobiernos estatales.
El derecho a la libertad de palabra incluye otras formas de comunicar un mensaje. El derecho a la libertad de prensa permite que las personas se expresen a través de una publicación u otro medio de difusión. No otorga a los miembros de los medios de comunicación ningún derecho o privilegio especial que no tengan los ciudadanos en general.
El régimen de Nicolas Maduro al igual que el de Trump se sostiene sobre el uso continuo y sostenido de la mentira y una violenta actitud contra medios y periodistas. Para sus operadores es de vital importancia distorsionar la verdad hasta convertirla en una versión muy sesgada de la realidad, lo cual constituye su mejor forma de hacer “su política”. No hay diferencias entre ellos, mentir, distorsionar, endosar sus propios errores a la disidencia democrática, alterar la historia reciente, es la manera como construyen su oferta de redención.
Para que funcione a la perfección un sistema de control político como este se requiere la imposición de un rígido mecanismo de censura total, lo cual constituye el sueño de todo gobernante, totalitario, populista o de nuevo cuño como lo es el Trump, Maduro, Erdogan, Bolsonaro o Berlusconi. De forma tal que la mentira se debe diluir entre los meandros de la versión oficial para que al final pueda configurar una verdad inobjetable. En la ecuación de todo gobernante populista,los medios libres e independientes sobran y estorban.
Chávez y los suyos prometieron una revolución democrática sin precedentes en la historia del orbe. A esta fecha sus seguidores no han hecho más que retrotraer al país a un estado de degradación social, moral y política superada por el resto de países de América Latina hace más de 50 años. No hay forma de justificar como un país poseedor de un ingreso por renta petrolera fabuloso, este en niveles de postración mendigante, con unas reservas operativas mínimas y ridículas.
El nivel de incapacidad de sus funcionarios públicos es de tal magnitud, que no hay manera de entender como ese complejo entarimado burocrático se ocupa de la destrucción deliberada de toda la capacidad del país para producirlos bienes y servicios que le son necesarios. Se importa la comida que el país no produce y se descompone en los puertos, aguardando ser descargada. No hay como movilizarla, y aún menos distribuirla con algo de equidad entre la población, porque no hay forma material de hacerlo.
Esos temas no pueden ser ni abordados ni expresados por los medios de comunicación, porque al ser convertidos en temas de agenda pública, tanto el medio como el periodista, se convierten “en traidores de la patria o en enemigos de los ciudadanos”. Véase el caso de los CLAP y el periodista Roberto Déniz del portal Armando Info, o el mismo Jim Acosta de la cadena de noticias CNN.
A mayor incapacidad, resulta mayor aún la densidad del universo burocrático con el cual se trata de justificar ese estado de orwelliana confusión. La salud pública es una colección de calamidades, el sistema educativo una tarea reprobada bajo el signo de la ideologización, la vialidad que interconecta las principales ciudades de la nación es una nueva modalidad de deporte extremo. Las cifras que arroja la situación derivada por la inseguridad, hacen palidecer de envidia cualquier conflicto armado de mediana intensidad, que se libre en cualquier sitio del Medio Oriente, África o países vecinos. A finales de este año se estima que 25 mil compatriotas habrán muerto en hechos violentos de diversa índole, todos asociados a la creciente actividad del hampa común, grupos paramilitares, o los mismos cuerpos policiales. Hablar sobre eso, discutir el tema, ventilar una discusión sobre estos eventos es un delito contra la patria que ellos simulan construir.
La industria petrolera nacional, alguna vez ejemplo para él resto de los países productores de crudo a nivel mundial, ahora en manos de la administración roja/rojita no es más que una fatalidad inauditable. Las empresas básicas de Guayana no pueden pagar sus respectivas nóminas, se importa gasolina para poder satisfacer la demanda del mercado interno. También se maquila a trasnacionales una muy comprometida producción de aluminio. Una porción del estamento militar se ha visto seriamente señalada de estar comprometido en actividades ligadas al narcotráfico y no hay forma de deslindar el grado de su responsabilidad en esos turbios incidentes. El jefe de gobierno los condecora en un acto que vulnera todo orden lógico de disciplina y sentido de cuerpo.
En todos los casos el caos y la confusión prevalecen. Estos eventos quedan registrados por la prensa de cada día, algo disimulados por la incoherencia oficial, más no negados. Esos hechos existen, son la expresión de una modalidad de gobierno que en si mismos niega toda posibilidad a la convivencia democrática, porque trata de hacer legítimo y normal el desconocimiento de la norma. La vida pública se lleva a niveles de informalidad inauditos, mientras las cuentas de twitter sustituyen los medios oficiales de información al ciudadano.
Maquiavelo, habla de los estados de excepción naturales o provocados, como situaciones contingenciales, más, sin embargo, asegura que como política de sobrevivencia son absolutamente válidos. En los estados totalitarios lo ideal es la forma como siempre se privilegia un estado de excepción permanente. Es la norma, y ahora vemos como a ese carácter de excepción se le endosa la censura como un requisito para la sobrevivencia política del régimen.Intento describir un libreto que los venezolanos ya conocemos bien y los ciudadanos norteamericanos comienzan a leer no con poca sorpresa.
La vocería oficial, tanto la de Caracas como la Washington para simular que gobiernan, apelan a un sentimiento de conmoción permanente en el entendido que se libra una desesperada guerra, sin armisticio posible, contra los intangibles enemigos de la patria, en contra de los traidores internos, así como en contra unos imprecisos aliados externos. Una guerra que se alimenta por lo general de argumentos muy infantiles, banales, retorcidos o risibles, porque lo necesario es perpetuar ese estado de indefinición y caos perenne. Se trata de una forma de gobierno que se auxilia de la censura total. Me inclino a pensar que enfrentamos un poderoso azar, que, sin concierto ni agenda, nos somete a la más insondable anarquía.
Lo cierto es que enfrentamos en ambos casos una oferta neo-totalitaria, que trata de desdibujarse en las proclamas de la constitucionalidad. Es también probable, que muchos de sus promotores ignoren el contenido real de su oferta política y trabajen sin saberlo, en la construcción de un gran patíbulo colectivo. El gran dilema para la sociedad venezolana en este momento es el deslinde entre la opción mesiánica totalitaria que ofrece Maduro & Cía. y la construcción de un régimen político moderno. No median entonces muchas diferencias con la administración del señor Trump.
Un autócrata – Maduro y Trump tratan de lograrlo con mucho éxito- es un gobernante arbitrario que dicta leyes sin ningún proceso de consulta o litigio. El gobernante totalitario concibe la ley como una estrategia de gobierno, donde las personas no son juzgadas por las infracciones que puedan cometer, sino por su desapego a los ideales del régimen. No se castigan los delitos comunes. El auge de la delincuencia es notable, pero se persigue con saña todo aquel que disiente. De allí las reservas que genera en el ánimo de los demócratas una solicitud de poderes especiales para gobernar vía decretos presidenciales. En su descargo el inquilino de la Casa Blanca dicta normas de gobierno a través de su cuenta de Twitter. Suerte que para ellos aún persiste el estado de derecho y el equilibrio entre los poderes.
Para cumplir efectivamente con su tarea, la de imponer un régimen cien por cien totalitario, un gobierno de esas características necesita liquidar las posibilidades de vida pública que representan los medios de comunicación libres, críticos e independientes. Son las únicas instituciones que pueden dar cuenta de lo que acontece, poder denunciar tanta impunidad y esa mortal incoherencia que alimenta el alma de los autócratas. Los medios, con todas sus imperfecciones, pueden dirimir entre lo “importante y lo urgente”. Identificar sesgos antidemocráticos en la conducta de los gobernantes. Indagar, esclarecer, criticar, investigar y cuestionar, y por ello es que desde el poder se libra la más feroz lucha en su contra.
Si se agota y se liquida ese gran espacio público (representado por los medios de comunicación) en donde se libra diariamente el imperfecto debate que procura el equilibrio que sola brinda la pluralidad, es obvio que los hombres que aman vivir la libertad, estamos en serios problemas. Las iniciativas políticas que propenden a limitar el libre flujo de información, son negadoras de toda posibilidad de desarrollo político, social y económico. Podrán invocar las mejores razones para animar su causa, pero el resultado es lo que más importa. En su accionar liquidan toda posibilidad de desarrollo personal y hacen de la sociedad desintegrada, una posibilidad tenebrosa.
Este y otros gobiernos de similar intención política dicen que en sus respectivos países se respira la más absoluta libertad de expresión, pero en la práctica constriñen todos los espacios posibles donde se pueda y deba ejercer el periodismo. En Venezuela es casi imposible, con las actuales regulaciones, ejercer el periodismo de manera libre y autónoma. Con tal cantidad de regulaciones y obstáculos al ejercicio de la profesión no podrá haber un reporte equilibrado del accionar político de los hombres del gobierno. Sin la posibilidad de contar con medios libres, los hombres libres están impedidos de reconocerse en sus propias acciones, al no poder difundir y discutir con propiedad, sus ideas y necesidades más básicas.
Si se limita la acción política de los ciudadanos a lo que significa política oficial, y como colofón se liquidan todos los espacios para la discusión y la pluralidad, incluyendo en forma selectiva a los medios de comunicación, estamos condenados a una novedosa forma de esclavitud. Para reconocer las razones de nuestra preocupación,bien valdría la pena recordar los elementos fundamentales de la declaración de Chapultepec, de la cual somos adherentes y cuyo texto advierte que “No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo”.
