La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió el viernes una sentencia en la que responsabiliza al Estado venezolano por posibilitar la esclavitud sexual y torturas de una joven que desde el 2001 espera se le haga justicia.
La Corte IDH encontró al Estado de Venezuela «responsable por los hechos de tortura y violencia sexual sufridos por Linda Loaiza López Soto, todo ello en violación de varias disposiciones», entre ellas la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
La sentencia, divulgada en un comunicado, destacó que la respuesta del personal policial se basó en «estereotipos de género negativos», bajo los cuales se entendía que lo sucedido era una “cuestión de pareja” que debía quedar exenta de intervención estatal.
Por lo tanto, la Corte concluyó que el Estado es responsable “en razón de su grosera omisión” e hizo posible la esclavitud sexual y los actos de tortura a los que fue sometida la joven. Debido a las múltiples lesiones que presentaba luego de su rescate, tuvo que pasar casi un año hospitalizada y someterse a 15 cirugías.
De acuerdo con las investigaciones, López -que entonces tenía 18 años- fue secuestrada, violada y gravemente agredida durante los más de tres meses que estuvo en cautiverio.
En el 2004, un juez retiró los cargos de secuestro, violación e intento de asesinato contra el acusado Luis Carrera, alegando la falta de pruebas y mentiras aparentes de la «presunta víctima».
Carrera, hijo de un prominente historiador venezolano, negó las acusaciones y dijo que las heridas de la joven, que incluían cicatrices en la cara, quemaduras y la vagina desgarrada, fueron causadas por su prostitución antes de que se conocieran. López niega haber sido prostituta, alegando que Carrera la secuestró en 2001 y la mantuvo en un apartamento en Caracas, donde la violó repetidamente durante varios meses.
Los venezolanos siguieron de cerca el caso, que puso el foco en el sistema de justicia crónicamente corrupto e ineficiente del país.
La Corte IDH también determinó que los procesos ante los tribunales venezolanos no se desarrollaron en un plazo razonable, constatándose a su vez la falta de adecuación y efectividad de las medidas de protección e investigación. El caso de López se aplazó 29 veces y pasó a manos de 59 jueces desde que se presentó en 2001.
Carrera fue condenado por los delitos de privación de la libertad y lesiones graves, y el resto de los cargos en su contra fueron desestimados. Luego de 17 años el delito de violación está pendiente de revisión.
La Corte IDH estableció que su sentencia constituye per se una forma de reparación y ordenó a Venezuela que, dentro de un plazo razonable, continúe eficazmente la sustanciación del proceso penal en curso en el ámbito interno, de modo de sancionar a los responsables por los hechos.
«Cuando el Estado venezolano ejecute el contenido íntegro de la sentencia, podré hablar de justicia. Entretanto persiste la impunidad», dijo López el viernes en su cuenta en Instagram.
