Un acuerdo destinado a propiciar una solución política a la crisis nacional, logre el fortalecimiento de la solidaridad de la comunidad internacional con las fuerzas democráticas y el pueblo venezolano, fue aprobado este martes por la Asamblea Nacional.
Este debate era el primer punto del Orden del Día en la plenaria del 13 de noviembre, donde intervino el diputado Alfonso Marquina, quien destacó la importancia de la materia y la conveniencia de estimular los nexos con la comunidad internacional, en busca de una transición que permita a Venezuela retornar a la democracia.
En los considerandos se expresa que la AN, junto a la más amplia representación de los sectores sociales, económicos, políticos y religiosos del país unen sus fuerzas para denunciar ante la comunidad internacional, la trágica situación socioeconómica que vive Venezuela, al mismo tiempo, hace un llamado al pueblo a no perder la esperanza en la legítima lucha por conquistar la libertad y la democracia.
Coinciden con el pueblo venezolano en que esta profunda crisis es el resultado del modelo económico y del quebrantamiento del Estado de Derecho por parte del régimen totalitario de Nicolás Maduro, quien a pesar del desconocimiento generalizado de su fraudulenta elección, pretende dar inicio al nuevo periodo constitucional pautado para el 10 de enero, usurpando la presidencia de la República y alcanzando el culmen de su ilegitimidad a los ojos del pueblo venezolano y de la comunidad internacional, que ha conducido al país con mayores reservas energéticas del mundo a una verdadera situación de bancarrota económica y social.
También hacen referencia a la crisis migratoria, que según cifras de las Naciones Unidas alcanza ya a 3 millones de refugiados y emigrantes venezolanos en el mundo. Asimismo, a la crisis económica y a la hiperinflación.
Luego de otros considerandos sobre la profundidad de la crisis socio- económica que vive la República, la Asamblea Nacional aprobó el acuerdo con ocho puntos que se mencionan a continuación:
Primero.- Apelar a la comunidad internacional para que ante estrategia sin precedentes, con claras repercusiones regionales, sea posible fortalecer su solidaridad con las fuerzas democráticas y el pueblo de Venezuela, constatar la creciente ilegitimidad del régimen y sus consecuencias y mantener de manera efectiva y progresiva la presión legitima sobre el mismo, todo ello en procura de una solución a la crisis y la construcción de una transición democrática ordenada e inmediata, sin las cuales ninguno de los problemas que tiene Venezuela tendrá solución, esos problemas solo tendrán solución a partir de una transición democrática, que debemos alcanzar urgentemente y preferiblemente, tras una solución política que conlleve una transición ordenada.
Segundo.- Afirmar que una solución política hará posible la construcción, sin venganza ni persecución, de un gobierno de paz y reconciliación nacional para iniciar la transformación económica y social de Venezuela.
Tercero.- Comprometerse a crear el marco normativo que asegure el cambio político y la vuelta a la vida democrática, propiciando así la reconciliación nacional, de acuerdo con la Constitución de 1999.
Cuarto.- Procurar junto a la comunidad internacional, una solución política que conlleve a: la atención urgente de las necesidades sociales y económicas del pueblo de Venezuela, de manera eficaz, practica y demostrable, la liberación de todos los presos políticos y el retorno de los exiliados y levantar inhabilitaciones excluyendo a delincuentes financieros, el restablecimiento del Estado de Derecho sobre la base de la Constitución vigente, en particular el restablecimiento de competencias a la Asamblea Nacional y la renovación de los Poderes Públicos, la disolución de la espuria Asamblea Nacional Constituyente, condiciones electorales democrática de modo que sean posibles unas elecciones generales en las que puedan participar libremente y con acceso a los medios de comunicación todos los partidos y candidatos, incluidos aquellos actualmente inhabilitados e ilegalizados por el régimen, organizadas por un Consejo Nacional Electoral equilibrado, en fecha y condiciones que garanticen el derecho a elegir de los venezolanos bajo observación nacional e internacional calificada e independiente.
Quinto.- Declarar como inconstitucional la intención de Nicolás Maduro Moros de continuar usurpando los poderes presidenciales a partir del 10 de enero de 2019, y convocar al pueblo de Venezuela y a la comunicad internacional a defender la Constitución y propiciar el cambio político en nuestro país.
Sexto.- Declarar que para lograr todos los cambios que el pueblo venezolano merece, el campo democrático cuenta con planes de reconstrucción nacional, con lineas de acción muy claras, audaces pero realistas en los campos económico, social, energético, político, institucional, de infraestructura tecnológica y de relaciones internacionales. Venezuela debe retornar a la democracia, el progreso incluyente, la libertad y el respeto absoluto por los derechos humanos.
Séptimo.- Agradecer a la comunidad internacional el respaldo dado a la lucha por la recuperación de la democracia en Venezuela.
Octavo.- Remitir el presente acuerdo a los organismos internacionales correspondientes.
