El diputado argentino Máximo Kirchner negó este martes 23 de octubre su vinculación con una red de corrupción integrada por funcionarios y empresarios durante los mandatos de sus padres, Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
Kirchner, de 41 años, se presentó en la sede de los tribunales de Buenos Aires adonde había sido citado a declarar por el juez federal Claudio Bonadío pero no respondió preguntas y sólo presentó un escrito.
El diputado del opositor Frente para la Victoria había sido nombrado en la causa por el exsecretario de Obras Públicas José López, un imputado arrepentido que involucró a la exmandataria (2007-2015) y a la agrupación La Cámpora -encabezada por su hijo y actual legislador- en la recaudación y utilización de sobornos pagados por empresarios a cambio de obtener contratos con el Estado para realizar obras públicas.
El hijo mayor del exmandatario Néstor Kirchner (2003-2007) negó haber recibido dinero ilegal e indicó que “no existe ni existirá prueba alguna” sobre “tal hecho imaginario”. “Hacerme partícipe de una asociación ilícita integrada por decenas de personas, a muchas de las cuales no conozco… ingresa a un terreno tan ridículo que me exime de mayores comentarios”, agregó el diputado.
Fernández, actualmente senadora de la oposición, fue acusada formalmente por Bonadío como supuesta jefa de una asociación ilícita que recaudó millones de dólares de empresarios. Parte de ese dinero, sospecha el juez, habría sido empleado durante el kirchnerismo para financiar a la agrupación dirigida por su hijo y campañas políticas. La exmandataria niega todas las acusaciones.
Su hijo señaló en el escrito que las imputaciones en su contra tienen el propósito de “denostar a dirigentes políticos opositores” y señaló que “más allá de comentarios que se ponen en la boca de López…. lo cierto es que ni siquiera existe una insinuación directa o tácita de que hubiera sido destinatario de dinero alguno de procedencia ilícita”.
El diputado exigió además que la justicia le brinde el “registro técnico” de las declaraciones de López y de otros imputados que declararon como arrepentidos. “Al día de la fecha, se desconoce si tal elemental recaudo legal fue o no cumplimentado”, afirmó. La exmandataria y su hijo sostienen que las declaraciones de los arrepentidos fueron logradas bajo coacción.
Tanto Kirchner como Fernández gozan de fueros parlamentarios que impiden que sean detenidos durante el proceso judicial. Para perder esa inmunidad de arresto deberían ser desaforados por las cámaras legislativas que integran. Mientras tanto, Bonadío -quien ha sido duramente criticado por Fernández- tiene unos 10 días para definir si procesa a Kirchner.
Según el juez, el dinero ilegal también fue dirigido a comprar jueces, realizar espionaje político y engrosar el patrimonio de Fernández y su marido. Entre los investigados están además ejecutivos de grandes empresas, entre ellos Ángelo Calcaterra, primo del actual presidente Mauricio Macri.
