El gobierno nacional ha incumplido, por tercer año consecutivo, lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al entregar el proyecto de Ley de Presupuesto a un órgano distinto a la Asamblea Nacional, y solicitar la aprobación a la ANC, e incrementó la opacidad al ocultar el texto del proyecto.
En efecto, el viernes 12 de octubre de 2018 el Ejecutivo informó que entregó el Proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio económico financiero 2019, el Plan Operativo Anual Nacional para el ejercicio económico financiero 2019 y el Proyecto de Ley Especial de Endeudamiento Anual para el ejercicio económico financiero 2019 a la directiva de la Constituyente, en lugar de acudir ante la Asamblea Nacional como establece el artículo 311 de la Carta Magna vigente.
Se recuerda que a finales de 2016, el Ejecutivo entregó la Ley de Presupuesto al Tribunal Supremo de Justicia; mientras que en 2017 lo hizo ante la Constituyente recién instaurada. Sin embargo, este año no hubo discurso que explicara cuáles son las áreas prioritarias, el endeudamiento, ni se difundió el monto del presupuesto.
El viernes pasado fue el constituyentista Diosdado Cabello el encargado de recibir los proyectos de Ley de manos de integrantes del gabinete económico. Estuvieron presentes el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez y el ministro de Economía y Finanzas, Simón Zerpa.
Cabello destacó que 75% del presupuesto iba a ser dedicado a la inversión social, “garantía de estabilidad para el pueblo”, pero no se dijo nada más con relación a los proyectos de Ley. Las fuentes de ingresos y el destino de los recursos que pertenecen a todos los venezolanos se manejan secretamente entre un pequeño grupo que no representa sus intereses.
Transparencia Venezuela insiste en que al negarse a divulgar el presupuesto nacional, el Ejecutivo impide que el parlamento, la Contraloría General de la República y los ciudadanos realicen el seguimiento al gasto público y exijan la rendición de cuentas en función de las metas planteadas.
Desde hace 10 años la organización ha hecho seguimiento al presupuesto nacional y ha advertido sobre las debilidades del proceso presupuestario y los riesgos de uso indebido de los recursos públicos. En reiteradas ocasiones se ha señalado que el gobierno ha incrementado progresivamente la opacidad, dificultando el acceso a la información pública.
Anteriormente se publicaba el Proyecto de Ley de Presupuesto junto con la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, la Ley de Presupuesto aprobada, los informes trimestrales de ejecución y el informe de fin de año (memorias y cuentas), ahora esa información se desconoce.
Transparencia Venezuela también ha advertido sobre la práctica del gobierno de presentar presupuestos deficitarios y a lo largo del año aprobar créditos adicionales con total discrecionalidad y opacidad.
Para el ejercicio financiero 2018 se aprobó una Ley de Presupuesto por 36.102.059 millones de bolívares fuertes, pero entre enero y el 24 de septiembre el gobierno debió aprobar decretos de créditos adicionales por Bs.F. 1.217.484.641 millones para cubrir su déficit. En total, la asignación para gastos en los primeros 9 meses del año ascendió a Bs.F. 1.253.586.700 millones o 1.253 millones de bolívares soberanos.
La organización refuerza que la falta de planificación del gobierno, ha conducido a un mayor financiamiento del gasto público a través del aumento de la liquidez monetaria, la más perversa de las fuentes de financiación, lo que ha incidido en un aumento significativo de la hiperinflación que ha empobrecido a la mayoría de los venezolanos y ha afectado la propia capacidad del Estado de prestar los servicios esenciales.
Aún se está a la espera de que el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General de la República se pronuncien sobre lo que ocurre en materia presupuestaria, advierte Transparencia Venezuela.
