Un total de 983 protestas fueron documentadas por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) durante el mes de septiembre, con un promedio de 33 protestas diarias, cifra que representa un incremento del 394% en comparación con el mismo período del año pasado, cuando se documentaron 199 protestas, destacando Lara entre los estados con más protestas.
Las protestas acumuladas durante los primeros 9 meses de este año, se ubican en 9.355, correspondiendo el 87% de estas protestas por derechos sociales, mientras se agudiza la crisis humanitaria en el país, revela el Observatorio en su último informe.
En general, las protestas se caracterizaron por: Demanda de derechos sociales como eje central, solicitud de garantías de contratación colectiva, exigencias laborales en los sectores salud, universitario, eléctrico, telecomunicaciones, transporte y siderúrgicos; colapso de los servicios básico, agua, potable, electricidad y gas doméstico y protestas de adultos mayores por derechos de seguridad social.
Las entidades federales donde se registraron el mayor número de protestas son; Bolívar con 145, Táchira 123, Distrito Capital 103, Anzoátegui 74 y Lara 66. Los cinco derecho más demandados en el país en el mes de septiembre son Laborales con 406, Servicios Básicos 272, Seguridad Social 97, Participación Política 60 y Personas detenidas y encarceladas 50.
Protestas ante el paquetazo
En respuesta al Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica que activó el Gobierno nacional, se han generado múltiples acciones de protesta por parte de diversos gremios laborales que rechazan el aumento unilateral del salario mínimo. Además, exigen el respeto a las contrataciones colectivas alcanzadas por las luchas sindicales a lo largo de los años y que fueron desconocidas por las autoridades gubernamentales con el anuncio del “Paquetazo de Maduro”. Las consecuencias se siguen palpando en la economía del ciudadano: mayor inflación, carestía de productos y deterioro de servicios.
El sector productivo del país continúa maniobrando con limitaciones como consecuencia del quinto aumento del salario mínimo en 2018. Algunas empresas y comercios tuvieron que realizar reacomodos, optar por el subsidio del Estado o cesar hasta nuevo aviso las operaciones luego de que se oficializara el ajuste de Bs S 50 a Bs S 1.800, a partir del 1° de septiembre. En el caso de la administración pública, los trabajadores han dejado de percibir seguros privados, primas y otros beneficios, lo que se ha traducido en descontento.
Se agudiza crisis humanitaria
Venezuela atraviesa una profunda crisis social y política, que se agudiza con el pasar de los días. Del total de protestas documentadas, 87% estuvo determinada por la exigencia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), lo cual quiere decir que la población se siente indefensa al no poder satisfacer sus necesidades básicas y recurre a las acciones de calle para llamar la atención de las autoridades.
El Estado debe cumplir con sus obligaciones y atender las demandas de los ciudadanos, priorizar los recursos para el acceso inmediato al derecho a la salud y a la alimentación, generar una política pública de inclusión para todas y todos los ciudadanos, no solo de un sector ideológicamente identificado con el partido oficialista. El Estado de Excepción y Emergencia Económica, nuevamente declarado y con extensión por 60 días, en vez de recuperar económicamente al país, impone nuevos controles e incrementa el poder del Ejecutivo.
Las medidas económicas, lejos de convertirse en una solución, han agudizado la situación de los trabajadores ante el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario, su inestabilidad laboral y la pérdida de beneficios contractuales, producto de largas luchas sindicales. El aparato productivo nacional está en crisis, cada vez con menos opciones para su recuperación, resultado de las decisiones unilaterales del gobierno. Las consecuencias resultarán reflejadas en una clase obrera cada vez más empobrecida, descapitalización de talento y cierre operativo de las industrias por falta de mano de obra calificada.
A esto último se suman las fallas de los servicios básicos en detrimento de la población y de los sectores productivos, que han tenido que limitar sus actividades por falta de electricidad, agua o gas durante días. Esta situación hace insostenible cualquier plan de desarrollo del país. Por el contrario, avanza hacia su colapso.
Desde el OVCS, reiteramos que 2018 se convertirá en el año con mayor número de protestas registradas en los últimos diez años, por encima de 2014 y 2017. Todos los récords de protestas han ocurrido durante el gobierno de Nicolás Maduro, lo que ratifica el progresivo descontento popular y la agudización de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela.
