Venezuela, con una población de 31.8 millones de habitantes y un territorio dividido en 24
estados, vive una Emergencia Humanitaria Compleja desde el año 2015 sin precedentes en
el país.
Con un perfil de gran escala, por sus múltiples factores y amplia desestructuración
en los planos institucionales, jurídicos, políticos, sociales y económicos, la emergencia tiene
efectos devastadores en la vida y el bienestar de toda la población.
En el derecho a la salud, sus impactos se han materializado en la destrucción de un sistema sanitario público ya deteriorado, causando graves daños a la salud de millones de personas, la reaparición y propagación de epidemias erradicadas décadas atrás y miles de muertes en creciente ascenso.
En el informe sobre el derecho a la salud y la vida que realizaron varias organizaciones no gubernamentales en Venezuela, se evidencia la crisis en el país.
¿Qué es una Emergencia Humanitaria Compleja?
Naciones Unidas la define como «una crisis humanitaria en un país, región o sociedad en la que hay una total o considerable ruptura de la autoridad, como resultado de un conflicto interno o externo, y que requiere una respuesta internacional que va más allá del mandato o capacidad de un solo organismo y/o el programa de país de las Naciones Unidas en curso» (IASC, 1994).
Dar respuesta a una EHC implica usar marcos y mecanismos de protección internacional en forma simultánea, dado que sus exigencias humanitarias son multifacéticas, hay un gran número de personas en vulnerabilidad extrema y diversos factores actúan en combinación, produciendo una amplia y severa destrucción de las capacidades internas de un país para garantizar los derechos de asistencia y protección de toda la población, incluyendo restricciones al cumplimiento de obligaciones internacionales.
Al menos 60% de la asistencia
médica disponible en 2011 se perdió
entre 2012 y 2017; prestada por
servicios de salud públicos a 82% de
la población usuaria.
18,7 millones de personas con las
condiciones de salud de mayor
prevalencia, incidencia y mortalidad
no tienen garantías de acceso a
diagnósticos ni a tratamientos.
300 mil personas Trasplantadas, con
Hemofilia, Cáncer, Parkinson, Esclerosis,
y otras personas con condiciones
crónicas graves, fueron privadas de
medicamentos desde 2016.
El riesgo de fallecer en un hospital
público es bastante alto, causando
extrema vulnerabilidad a las
personas por la precariedad de las
condiciones de atención.
406.000 casos de malaria, generó la
epidemia en 2017, con 280 muertes
en 2016. Se esperan 700.000 nuevos
casos y 1.500 muertes al finalizar
2018 por debilidad de programas
antipalúdicos.
140.000 personas con cáncer y más de
300.000 con condiciones cardíacas
severas han visto reducidas sus
posibilidades de sobrevivir por ausencia
de diagnóstico, tratamiento y cirugía.
En 66% subió la escala de muertes
maternas y en 30% las infantiles de
2015 a 2016. Siguen en ascenso
hasta 2018, con los agravantes de la
desnutrición y las epidemias.
10.952 nuevos casos de Tuberculosis
ocurrieron en 2017, intensificándose
en las cárceles debido a las
condiciones inhumanas de
hacinamiento y desnutrición de la
población reclusa.
Más de 79.000 personas con VIH
dejaron de recibir antirretrovirales
desde 2017 y el número de defunciones
aumentó de 1.800 en 2014 a
posiblemente más de 5.000 en los
últimos años.
De 23.000 a 3.500 descendió el
número de personas atendidas en
instituciones psiquiátricas públicas y
las que están no disponen de comida
ni de medicinas.
9.362 suman los casos de Difteria y
Sarampión en 2018 con 230
muertes. Estas epidemias ya se
extienden a todo el país por
desplazamientos internos y bajas
coberturas de vacunación.
2.500 de 15.000 personas que se
dializan por deficiencias renales,
fallecieron entre 2017 y 2018 por las
fallas, contaminación, déficit y cierre de
las unidades de diálisis.
