Sumarse a la conmoción nacional causada por la muerte del concejal del municipio Libertador, Fernando Albán, ocurrida el lunes 8 de octubre, en circunstancias tan confusas –según las propias versiones aportadas por los voceros del Estado– que exigen una investigación amplia, imparcial y transparente, acordó el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (CEPyG)
En una declaración institucional, destacan que Fernando Albán, en su condición de edil de Caracas y Secretario Nacional de Profesionales y Técnicos del partido Primero Justicia, estaba vinculado a diversas actividades de organización social y ciudadana y era promotor del servicio al prójimo, como laico comprometido que fue. Según lo denunciaron sus abogados desde el viernes 5 de octubre, día de su captura, la detención de Albán fue arbitraria, sin cumplir los mínimos requerimientos previstos por el estado de derecho, como lo consagra la Constitución vigente en la República Bolivariana de Venezuela.
El deceso de Fernando Albán, en una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, se produjo estando él bajo la custodia del Estado venezolano, único garante, en consecuencia, de su integridad física y de su dignidad personal.
El CEPyG deplora los pronunciamientos apresurados e irreflexivos que han pretendido explicar y hasta evadir la innegable responsabilidad del Estado, tratando de explicar lo sucedido desde la tesis de un supuesto suicidio. Tales circunstancias deben ser, no solo probadas, sino que jamás podrían servir para exonerar al Estado y a los funcionarios involucrados de la responsabilidad que les es propia.
El estado venezolano, al contrario de lo que hemos visto en el día de ayer, debe abstenerse de adelantar juicios y emitir opiniones antes de haberse cumplido, a la mayor brevedad, con los procesos que conduzcan a determinar la verdad conducente a la impartición de justicia y al castigo de los responsables, en caso de determinarse la violación de las garantías constitucionales y leyes, obviamente presentes en este caso.
El Centro de Estudios Políticos y de Gobierno aplaude el anuncio hecho el martes 9 de octubre por la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, quien informó que la muerte de Fernando Albán será investigada como parte del grueso expediente que contiene las innumerables violaciones y atropellos que acumula el estado venezolano contra los ciudadanos de este país.
Para la familia, amigos y compañeros de partido de Fernando Albán, vayan nuestras sentidas palabras de solidaridad y condolencia, con la fe de que se hará justicia.
