Dainius Puras, Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental de las Naciones Unidas y Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH subrayaron que la fragilidad del entorno del derecho a la salud en Venezuela afecta de manera diferenciada a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad, como son las personas mayores, por sus necesidades especiales y la baja calidad de la atención, lo que perjudica su salud física y mental.
Ambos expertos indicaron que las personas adultas mayores se han visto especialmente
afectadas por la situación de crisis del sistema de salud. Fuentes confiables han transmitido
a la CIDH que, entre enero y julio de 2018, persiste una escasez de medicamentos para la
diabetes insulinodependiente y para la hipertensión, principales causas de morbilidad de las
personas mayores; la fluctuación según las mediciones realizadas va entre el 89.8% y
78.4% para la primera enfermedad, y 89.5% y 74.2%, para la segunda. Estas cifras se
incrementan respecto de infecciones respiratorias agudas y diarrea con picos máximos de
hasta 97.2% y 92.4%, respectivamente. Incluso se han registrado denuncias sobre la muerte de personas mayores por la falta de acceso a medicamentos y por hechos de violencia provocados por la situación general que atraviesa el país.
Durante los últimos años, la infraestructura sanitaria en Venezuela ha presentado graves
dificultades para atender a la población, no sólo por el desabasto general de insumos
médicos y medicamentos, sino por la falta de personal médico. De acuerdo con la Encuesta
Nacional de Médicos y Estudiantes de Medicina de 2017 más del 40% del total de estos
profesionales graduados en la última década decidieron migrar a otros países; y de los que
aún se encuentran en el país, 75% tiene intención de emigrar por las condiciones precarias
que existen para el desarrollo de las y los profesionales de la salud. Los centros de atención, ya sean temporales o permanentes, para personas mayores tampoco serían suficientes, ni garantizarían las condiciones adecuadas de atención. Según denuncias públicas, el mayor problema de dichas instituciones de acogida es la falta de presupuesto y de abastecimiento regular de alimentos y medicinas, viéndose obligadas en muchos casos a tener que cerrar sus instalaciones o no recibir más personas.
También es de especial preocupación la pérdida de peso que aqueja a este grupo etario en
Venezuela, quienes, según investigaciones confiables en la localidad de Miranda, perdieron
1.3 kilogramos mensualmente durante 2017, lo que deterioró su salud y los niveles
adecuados de nutrición. Asimismo, muchas personas mayores se quedan solas, sin soporte
emocional y económico, ya que sus familiares se ven forzados a emigrar del país, como una estrategia de supervivencia.
Ante esta situación ambos Relatores Especiales recuerdan que la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos ha señalado que “las personas mayores enfrentan frecuentemente
abuso, abandono, negligencia, maltrato y violencia, y existen muchos obstáculos en el
ejercicio de sus derechos humanos”. Asimismo, el Comité Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales ha subrayado que las personas mayores “deberán tener
acceso a alimentación, agua, vivienda, vestuario y atención de salud adecuados, mediante la provisión de ingresos, el apoyo de sus familias y de la comunidad y su propia
autosuficiencia” y que “la política sanitaria dirigida a preservar la salud de estas personas
[deberá] comprende[r] una visión integradora, desde la prevención y la rehabilitación,
hasta la asistencia a los enfermos terminales”. Por su parte, Francisco Eguiguren, Relator
para Venezuela, y Flávia Piovesan, Comisionada encargada de la Unidad sobre Derechos
de las Personas Mayores, ambos de la CIDH, respaldaron lo expresado por los Relatores
Especiales y llamaron al Estado a garantizar la seguridad alimentaria y el derecho a la salud de las personas mayores, sobre la base de la igualdad y la no discriminación.
Teniendo en cuenta lo anterior, los Relatores Especiales exhortan al Estado a garantizar el
derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, incluyendo la salud mental, de las
personas mayores en Venezuela, movilizando los recursos necesarios y disponibles para
ello, incluyendo los de la cooperación internacional. Finalmente, recuerdan que el pasado
mes de agosto enviaron al Estado venezolano una solicitud para que autorice una visita
conjunta con objeto de observar in situ los retos y avances en la realización del derecho a la salud; a la fecha, ambos expertos se mantienen a la atenta espera de recibir una respuesta a la misma. En este contexto los Relatores Especiales reiteran su máximo interés de visitar el país y ofrecen su asistencia técnica al Estado para la protección del derecho a la salud.
