La Sociedad interamericana de Prensa (SIP) expresó preocupación ante una nueva ley en Bolivia que impone a los medios privados la obligación de publicar avisos electorales de manera gratuita, en detrimento de su situación económica.
La Ley de Organizaciones Políticas, promulgada el 1 de septiembre, se suma a otros 12 estatutos que exigen a los medios de comunicación la difusión de campañas estatales gratuitas, según la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP).
El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, coincidió con la posición de la ANP sobre que la norma «es un nuevo atropello a las finanzas de los medios independientes». Mohme, director del diario peruano «La República», agregó que esta legislación «mantiene la línea gubernamental de imponer y utilizar a los medios privados como un instrumento más para la ejecución de sus políticas y decisiones».
En su artículo 74 sobre «Acceso a propaganda en medios de comunicación en año electoral», la ley establece que «en períodos electorales, los medios de comunicación audiovisuales e impresos que se habiliten para la difusión de propaganda electoral cederán gratuita y obligatoriamente al Órgano Electoral Plurinacional la misma cantidad de espacio y tiempo que éste les contrate para la implementación del fortalecimiento público».
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock, agregó que «esta es una nueva estocada contra la salud económica de los medios, especialmente para los periódicos al tener un espacio finito de publicación en comparación a medios electrónicos y digitales».
Rock, director del portal mexicano de noticias *La Silla Rota*, explicó que «a diferencia de la televisión y la radio que usufructúan el espectro radioeléctrico como bien público, los periódicos no son un sujeto jurídico que pueden ser sometidos a este tipo de regulación que tendría un carácter confiscatorio y marcaría un precedente funesto para la vida y la economía de la industria en Bolivia».
Desde 2010 las radios, canales de televisión, periódicos, revistas y portales de noticias están obligados a difundir de manera gratuita campañas de gobierno.
Mohme y Rock expresaron que estas medidas discrepan con principios contenidos en la Constitución que expresa que nadie puede ser obligado a prestar un servicio sin su consentimiento y sin justa retribución.
En febrero, la ANP denunció ante la CIDH la asfixia financiera contra medios de parte del gobierno, así como la censura manipulada a través de la publicidad estatal y la autocensura promovida por leyes. Mientras tanto en enero la SIP criticó un decreto del Presidente Evo Morales que obliga a los medios a otorgar espacios gratuitos para campañas oficiales sobre violencia contra menores.
