Rechazar la nueva tabla salarial anunciada recientemente por el gobierno nacional, que iguala los salarios de los educadores en el país y viola las contrataciones colectivas establecidas, al eliminar beneficios y reivindicaciones logradas en dichas convenciones, acordó el Movimiento Progresista de Venezuela.
El pronunciamiento lo hizo Ofelia Rivero, miembro del Secretariado Nacional del MPV, quien destacó en rueda de prensa, que la acción gubernamental vulnera los criterios educativos, acaba con la docencia y pone en riesgo el ejercicio de la carrera. Razones suficientes para avalar y respaldar la declaratoria de emergencia educativa y humanitaria que fue acogida por la Asamblea Nacional ante el temor de que la situación se agudice.
“El próximo 05 de octubre, no vamos a huelga, sino que se realizará la toma de las Inspectorías de trabajo a nivel nacional; no solo por el personal del magisterio, sino todos los empleados públicos afectados por las acciones gubernamentales”, aclaró.
Rivera también denunció la grave coyuntura que atraviesan los planteles por la escasez de alimentos para los niños, y afirmó que la mal nutrición afecta el pleno desarrollo de todas sus capacidades.
“El programa de alimentación escolar del gobierno no está funcionando a nivel nacional. Se han denunciado reiteradamente hechos de corrupción y mala administración. Lo que atenta contra el derecho a la educación, sobre todo del 40% de la población, que representa la más vulnerable del país”, aseguró.
Igualmente, advirtió que el 90% de la infraestructura en las instituciones educativas se encuentra en franco deterioro, sumado a esto, el problema del transporte se recrudece cada día más, generando mayor deserción escolar y estancamiento de las matrículas.
Por otro lado, destacó que la diáspora está perjudicando seriamente la educación venezolana, pues ya los educadores ni siquiera renuncian a sus cargos sino que se van, “alrededor de 400 planteles privados están a punto de cerrar sus puertas por falta de personal. Otro problema grave son los niños que se han ido, que aún permanecen en las fronteras; a ellos no se les está garantizando su derecho a la educación”.
Rivero denunció la pretensión del gobierno de incluir las comunas y la milicia en los planteles “El Estado no puede transferir la educación a manos de particulares. Las comunas son estancias de organización vecinal, por tanto es el gobierno quien debe asumir la educación y garantizarla en todos sus niveles y modalidades”, precisó.
