En un hecho histórico, un tribunal de justicia de El Salvador condenó el miércoles a diez años de prisión al expresidente Tony Saca, procesado por desviar más de 300 millones de dólares de las arcas del Estado para favorecer a sus empresas y a terceros, informó la Fiscalía General.
Saca, de 53 años, se convierte así en el primer expresidente salvadoreño condenado por corrupción.
El exmandatario también fue condenado a responder civilmente por 260 millones de dólares de los más de 300 millones que la Fiscalía asegura que la red de corrupción sacó de los fondos públicos.
«Estamos satisfechos con la condena, la responsabilidad penal que se les ha impuesto a los imputados, así como la responsabilidad civil», dijo al concluir el juicio el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía, Jorge Cortez.
El fiscal confirmó también que el exmandatario tendrá que regresar al Estado 260 millones de dólares.
«Consideramos que es muy justo lo dispuesto por el tribunal; ahora (Saca) tendrá que responder también por esa pena de carácter civil», agregó Cortez, quien también confirmó que el caso «Destape a la corrupción» no queda cerrado con la condena de Saca. «Vamos a fortalecer las investigaciones que están en curso de cara a las responsabilidades civiles que pudieran tener otras personas, tanto naturales como jurídicas».
El jefe fiscal informó que los defensores de los imputados pueden recurrir a una instancia superior para determinar si se ratifica o se modifica la sentencia sobre la responsabilidad civil.
Por su parte, el fiscal general Douglas Meléndez emitió un comunicado en el que afirmó que «con la condena de un expresidente de la República y sus más altos funcionarios, se sienta un precedente histórico en investigaciones de corrupción, consumándose el principio constitucional que todos somos iguales ante la ley».
Por su parte, los abogados defensores calificaron como «injusta» la responsabilidad civil y adelantaron que apelarán la decisión del tribunal.
Mario Machado, que representa al exmandatario, señaló que los 300 millones que menciona la Fiscalía «es el presupuesto total» que ingresó a la Casa Presidencial en los cinco años del gobierno de Saca, y de esto gran parte se gastó en pagos y en el funcionamiento de la misma.
«No estoy negando que hubo una deslealtad de mi cliente en la administración, pero no en esas cantidades. Lo que cabe aquí es una modificación de la cuantía», agregó.
Saca, tres de sus exfuncionarios más cercanos y tres exempleados de la Casa Presidencial fueron juzgados por formar parte de la red de corrupción que él habría diseñado. El exmandatario y cinco de sus viejos colaboradores se declararon culpables durante el juicio para obtener una condena menor, mientras que otro se dijo inocente y decidió someterse al juicio ordinario.
Elmer Charlaix, exsecretario privado; César Funes, exsecretario de Juventud; y Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones, aceptaron su culpabilidad.
El exmandatario y Charlaix fueron procesados por los delitos de peculado y casos especiales de lavado de dinero, por los que podrían haber recibido hasta 30 años de prisión. Sin embargo, con el acuerdo logrado con la fiscalía lograron una pena de diez años, cinco por peculado y cinco por lavado de dinero. Funes y Rank recibieron cinco años de cárcel por lavado.
Francisco Rodríguez Arteaga, jefe de la unidad financiera de la Casa Presidencial, recibió una pena de tres años por el delito de peculado, y por lavado de dinero y activos otros tres años, mientras que Jorge Alberto Herrera, tesorero de la misma, fue condenado a tres años de prisión por peculado.
Pablo Gómez, contador del exsecretario privado de la Presidencia, también fue acusado de lavado de dinero y peculado pero no aceptó declararse culpable ni negoció con la fiscalía, por lo que decidió someterse al juicio ordinario y recibió una condena de 16 años de prisión.
El expresidente también enfrenta un juicio civil por enriquecimiento ilícito. La fiscalía lo acusa de incrementar su patrimonio en 3,9 millones de dólares cuando fungió como mandatario, mientras que su esposa Ana Ligia Mixco enfrenta una denuncia por no justificar el origen de más de 589.000 dólares. Además está siendo procesado por presuntamente haber sobornado a una empleada judicial, quien supuestamente filtraba información de los juicios en su contra.
Saca, que gobernó el país de 2004 a 2009, fue detenido el 30 de octubre de 2016 y es el tercer exmandatario salvadoreño en ser procesado judicialmente por enriquecimiento ilícito o por desvío de recursos públicos durante su mandato. Los otros son Francisco Flores (1999-2004), quien murió de un derrame cerebral mientras estaba en arraigo familiar, y Mauricio Funes (2009-2014), el cual está asilado en Nicaragua.
