La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala aceptó el miércoles tramitar cuatro amparos contra el presidente Jimmy Morales por prohibir la entrada al país del comisionado anticorrupción Iván Velásquez y por anunciar el fin del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que éste dirige.
La Corte fijó 48 horas para que Morales y otras instituciones informen al más alto tribunal del país el porqué de las decisiones presidenciales.
Velásquez se encontraba el martes fuera de Guatemala en una gira de trabajo por Washington cuando el mandatario anunció que no le permitiría regresar bajo el argumento que es «una persona que atenta contra el orden y la seguridad pública, afectando la gobernabilidad, institucionalidad, justicia y la paz del país».
Morales anunció el viernes pasado la decisión de no renovar el mandato de CICIG, un órgano de Naciones Unidas que lidera junto a la fiscalía la lucha anticorrupción en la nación.
Las investigaciones de la CICIG –cuyo mandato finalizaría en un año– han tocado a las más altas esferas empresariales y de gobierno involucradas en corrupción. Ésta y la fiscalía solicitaron el retiro de inmunidad de Morales para investigarlo por delitos de financiamiento electoral ilícito del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), que lo llevó al poder en 2015.
El Secretario General de la ONU, António Guterres, pidió la víspera a Velásquez que lidere a la CICIG fuera de Guatemala. Matias Ponce, vocero de la comisión, dijo hoy que el comisionado se encontraba en funciones.
Mientras tanto, en Guatemala sigue en aumento el rechazo a las decisiones del presidente.
En un comunicado de prensa, representantes de Alemania, Canadá, España, Francia, Italia, Suecia, Suiza, Reino Unido y la Unión Europea expresaron «pesar ante la decisión soberana del Gobierno de Guatemala de no renovar el mandato de la CICIG», tras el anuncio hecho por Morales el 31 de agosto.
«Esto es un paso hacia atrás en el fortalecimiento de las instituciones guatemaltecas en su lucha contra la corrupción e impunidad», expresaron en su comunicado y agregaron que las decisiones presidenciales son un incumplimiento al acuerdo suscrito entre Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas para la instalación dela CICIG.
Además 70 organizaciones de la sociedad civil rechazaron «enérgicamente» las decisiones y dijeron que Morales obstruir la justicia y destruir las instituciones democráticas.
Las organizaciones pidieron a la comunidad internacional mantener su solidaridad y atención en el país. «Les pedimos que estén atentos ante el peligro eminente de que el gobierno de Guatemala rompa el orden constitucional e instaure un orden autoritario irrespetuoso de los derechos humanos».
El senador estadounidense Ben Cardin instó al Departamento de Estado, a la OEA y a las misiones de Estados Unidos en la ONU a mantener una presión diplomática fuerte y sostenida a Morales para que cambie su decisión y permita que el funcionamiento de sistemas judiciales y de investigación independientes avance.
La Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, también se unió a la crítica y en el foro de Naciones Unidas sobre Cultura de Paz que se desarrolla en Nueva York dijo que las decisiones del presidente de su país «desafían la institucionalidad democrática y la autoridad moral y política de las Naciones Unidas».
