La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por la situación del diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Requesens, quien fue detenido el 7 de agosto de 2018.
De conformidad con información pública, el diputado Juan Requesens fue acusado por las autoridades por sus presuntos vínculos con los hechos ocurridos el 4 de agosto de 2018, calificados por el gobierno como atentado contra el Jefe del Estado y sus principales autoridades. El diputado fue detenido por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), sin orden de detención, y permaneció incomunicado. La Asamblea Nacional Constituyente acordó levantar la inmunidad del diputado Requesens y con posterioridad a su detención la Corte Suprema de Justicia decretó su detención como flagrante.
En un video que fue dado a conocer por las autoridades se registra al diputado Requesens narrando hechos que lo relacionarían a él y al diputado Julio Borges, con los hechos del 4 de agosto. La Corte Suprema de Justicia emitió también una orden de captura contra el parlamentario Luis Borges, quien es beneficiario de medidas cautelares dictadas por la CIDH.
El 14 de agosto de 2018 el tribunal ratificó los cargos contra el diputado Requesens por litigación pública continuada, homicidio calificado en grado de frustración en contra del Presidente de la República, homicidio calificado por motivos fútiles en contra del Alto Mando Militar y las personas que se encontraban presentes, terrorismo y posesión ilegal de armas y explosivos.
Se han denunciado una serie de irregularidades respecto del levantamiento del fuero parlamentario, la detención, investigación y proceso iniciados contra los diputados. “Las investigaciones y procesos que se sigan contra ellos deben respetar el debido proceso y las garantías judiciales”, destacó el Relator de la CIDH para Venezuela, Francisco Eguiguren. “Esto incluye el acceso efectivo a su defensa jurídica y una participación directa en el mismo”.
Otro video que se hizo público mostró al diputado Requesens en ropa interior y en condiciones denigrantes. Al respecto, la CIDH recuerda que los Estados deben tomar las medidas necesarias para garantizar que las personas privadas de libertad se encuentren en condiciones compatibles con la dignidad humana. De igual manera, la CIDH destaca que a fin de no menoscabar el derecho a la presunción de inocencia, los Estados deben evitar que las personas detenidas que están siendo investigadas, sean presentadas ante cualquier medio de difusión de información que pueda resultar público.
“Considerando el deber especial que tienen los Estados respecto de las personas bajo su custodia, el Estado venezolano tiene la obligación de brindar un trato digno al diputado Requesens que resulte compatible con los estándares interamericanos en materia de privación de libertad”, indicó el Comisionado Joel Hernández, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad.
La Comisión rechaza todo acto de violencia y urge al Estado a llevar a cabo la investigación sobre los hechos del 4 de agosto con la debida diligencia, de manera seria, transparente, independiente e imparcial. La Comisión continuará dando seguimiento a esta situación.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
