Más incertidumbre para los venezolanos generan las medidas puestas en vigencia por el gobierno del Nicolás Maduro, lo que no presagia ningún éxito al plan de ajuste con el que el Ejecutivo se propone recuperar la economía, formando parte de este paquete un aumento del salario mínimo de manera arbitraria y unilateral.
El pronunciamiento lo hace León Arismendi, director general del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), al fijar posición en torno a los últimos anuncios económicos hechos por el Jefe de Estado, que solo han generado mayor inquietud y desasosiego en la población.
“Ese ajuste salarial no ha generado ningún regocijo y más allá del alivio momentáneo que supone mejorar el infame ingreso actual, las dudas sobre su eficacia están sobre el tapete. Las medidas antinflacionarias no convencen y nadie sabe de dónde saldrá el dinero para pagar el nuevo salario”, aseguró.
La experiencia indica que los ajustes salariales no son sostenibles si no se detiene la hiperinflación y se aumenta la producción y la productividad, para lo cual es indispensable una política económica que suprima los controles, permita que funcione el mercado, favorezca las inversiones y la creación de nuevos puestos de trabajo, estables y bien remunerados.
En lo inmediato, el movimiento sindical debe exigir el pago puntual del nuevo salario mínimo y el ajuste de los tabuladores y escalas o tablas salariales, pactadas en convenciones colectivas, respetando los criterios de profesionalidad, antigüedad, rendimiento y cualquier otro parámetro establecido en dichos convenios.
El gobierno, en lugar de dar señales claras de cambio, “una vez más comienza persiguiendo a comerciantes y amenazando con ocupación y cierre de empresas, lo que contradice el objetivo de las autoridades de atraer inversiones. Por el contrario, no contribuye a generar un clima desconfianza y retrotrae la memoria del país a los similares experimentos fracasados”, dijo Arismendi.
Para que un programa de ajuste económico proporcione confianza, debe ser el resultado de un diálogo en el que participen representantes de los trabajadores, de los empleadores y del gobierno.
“Es vital para la viabilidad de la propuesta crear un mínimo de credibilidad y para ello el gobierno debe suministrar la información que permita adoptar decisiones sobre bases objetivas. Esto es, cifras de inflación, escasez, déficit fiscal, producto interno bruto, variables clave que la administración de Maduro dejó de suministrar causando incertidumbre y desconfianza en los agentes económicos”, precisó Arismendi.
