Los colombianos votan el domingo en una consulta cuyo objetivo es eliminar la corrupción en un país en donde los criminales de cuello blanco rápidamente reemplazan a los cárteles de drogas y grupos paramilitares al permear los más altos niveles de poder.
El referendo, primero de su tipo, busca reducir los salarios de los miembros del Congreso de Colombia e implementar leyes que hagan más eficiente y transparente el gasto público.
Sin embargo, aunque la mayoría de los colombianos coinciden en que la corrupción es una plaga que necesita exterminarse, algunos creen que ponerlo a votación no es la mejor forma de hacerlo.
Jueces colombianos han boicoteado el referendo ante los temores de que ocasionará una reducción de salarios en la rama judiciaria ya que, actualmente, una ley determina que los salarios de los altos magistrados deberán ser los mismos que aquellos de los congresistas.
“Ya tenemos demasiadas leyes contra la corrupción”, dijo Hermens Lara, un juez municipal que dirige la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia. “El problema es implementarlas”.
El recién electo presidente Iván Duque y la mayoría de los principales partidos políticos de Colombia respaldan la medida, pero han hecho poco para promoverla o para convencer a los votantes de que participen en las elecciones.
El domingo, los votantes responderán siete preguntas que incluyen si otorgar penalidades más severas a funcionarios corruptos que hoy en día cumplen sentencias en sus casas millonarias; si se debería imponer un límite al periodo de un legislador; y si los salarios de los miembros del Congreso deberían reducirse en 40%.
La actual ley colombiana fija el salario de los senadores en alrededor de 124.000 dólares al año, más de lo que ganan los parlamentarios en países como Holanda, Suiza y Francia.
La medida se enfoca en el Congreso y algunos expertos se cuestionan si los cambios harán algo para eliminar la corrupción en otras esferas, como en el sistema judiciario o la policía.
“Hay propuestas ahí que se ha demostrado que no tienen impacto en la lucha contra la corrupción”, dice Marcela Anzola, consultara del Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, agregó que “si la consulta se aprueba quiere decir que la población está legitimando la lucha contra la corrupción”.
Según el procurador general de Colombia, la corrupción en el país equivale a 4% del producto interno bruto cada año.
