Una consulta anticorrupción en Colombia atrajo el domingo a millones de personas a las urnas pero no alcanzó la participación requerida para impulsar las medidas que pretendían mejorar la transparencia e imponer sanciones más estrictas a los delincuentes de cuello blanco.
Casi 11,7 millones de colombianos votaron de manera abrumadora en favor de las siete iniciativas propuestas para combatir la corrupción en las cúpulas del poder, pero la consulta no logró recabar los 12,1 millones de sufragios necesarios para aprobarlas, según los resultados del conteo rápido después de que se escrutaron el 99% de las casillas.
Sin embargo, de todas formas los que propusieron la consulta elogiaron una participación que superó las expectativas, describiéndola como un mensaje de la ciudadanía: promulguen leyes que pongan fin a los privilegios especiales de los legisladores y hagan más eficiente el gasto público.
“Esta victoria contundente de la ciudadanía le da un mandato claro al gobierno y al Congreso”, dijo Claudia López, una exsenadora y candidata a la vicepresidencia que encabezó el referendo.
La consulta incluía las preguntas de si se imponen o no sanciones más estrictas a funcionarios corruptos que en la actualidad suelen cumplir sentencias en sus mansiones multimillonarias, si se deben imponer límites a los periodos de los legisladores, y si se debe reducir en un 40% el salario de los miembros del Congreso.
La ley colombiana actual establece salarios para los senadores de unos 124.000 dólares anuales, más de lo que perciben los legisladores en Holanda, Suecia y Francia, por ejemplo.
La mayoría de los colombianos concuerda en que la corrupción es una plaga que necesita ser exterminada, pero no todos estuvieron de acuerdo en que una votación fuese la mejor forma de hacerlo. Muchos jueces boicotearon la consulta ante el temor de que derive en recortes salariales en la rama judicial, debido a que la ley señala que el sueldo de los magistrados debe ser igual al de los legisladores.
“Ya tenemos demasiadas leyes contra la corrupción”, dijo Hermens Lara, un juez municipal que dirige la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, antes de la consulta. “El problema es implementarlas”.
El recién electo presidente Iván Duque y la mayoría de los principales partidos políticos de Colombia respaldan la medida, pero hicieron poco para promoverla.
Algunos expertos cuestionaron si los cambios harían algo por combatir la corrupción en otros sectores, incluidos el sistema judicial y el policiaco.
“Hay propuestas ahí que se ha demostrado que no tienen impacto en la lucha contra la corrupción”, dijo Marcela Anzola, consultora del Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, agregó que “si la consulta se aprueba quiere decir que la población está legitimando la lucha contra la corrupción”.
Según el procurador general de Colombia, la corrupción en el país equivale a 4% del producto interno bruto cada año. Un estudio reciente de Transparency International reveló que el 63% de las compañías en Colombia temía perder sus negocios si no incurría en sobornos.
Ese rostro de la corrupción colombiana contrasta con la época en que el capo del narcotráfico Pablo Escobar fue electo al Congreso y sus rivales del cártel de Cali ayudaron a la elección de un presidente. Apenas hace poco más de una década, un gran número de miembros del Congreso fueron acusados o investigados por nexos con grupos paramilitares de extrema derecha.
Pero en la actualidad, los expertos aseguran que la mayor amenaza proviene de los criminales de cuello blanco.
