La policía argentina allanaba el viernes por pedido de la justicia una tercera vivienda de la expresidenta y senadora Cristina Fernández, acusada de liderar una trama de corrupción integrada por exfuncionarios y empresarios que habrían pagado sobornos para obtener obras públicas.
Más de una docena de miembros de la policía federal ingresaron al predio donde está la casa que Fernández (2007-2015) tiene en la localidad de El Calafate, en la sureña provincia de Santa Cruz, tal como se apreció en imágenes de canales de televisión. Los efectivos llegaron al lugar en varias camionetas en las que también trasladaban perros ante la mirada de decenas de seguidores de la senadora opositora y periodistas apostados en la cerca de entrada.
Fernández, de 65 años, puede ser investigada -lo que conlleva procedimientos como el del allanamiento- y juzgada pero no detenida en virtud de sus fueros parlamentarios. En caso de que la justicia solicitara su desafuero sólo perdería la inmunidad de arresto con dos tercios de los votos de los senadores, algo improbable ya que el peronismo opositor ha adelantado que no apoyará esa medida mientras no haya una condena firme.
La víspera fueron allanados otra casa de Fernández situada en Santa Cruz y un departamento que se encuentra en la capital que -según el relato de un arrepentido en la investigación del juez federal Claudio Bonadío- fue el supuesto destino de bolsos repletos de dólares pagados por empresarios a su gobierno y el de su fallecido marido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007).
Por su condición de senadora el juez pidió hace varias semanas al Senado autorización para allanar las tres propiedades de Fernández bajo la sospecha de que en esos lugares la exmandataria podría haber ocultado parte del dinero proveniente de los sobornos.
La cámara alta autorizó el miércoles la inspección. Los 67 senadores presentes en el recinto votaron a favor, entre ellos la propia exmandataria, quien había aceptado la medida aunque con condiciones que finalmente fueron desechadas por los legisladores. La cámara alta sólo especificó que los procedimientos deben guardar «decoro» y «tutelar las garantías constitucionales», especialmente el derecho a la intimidad.
Aunque los críticos de Fernández afirman que los allanamientos a esta altura resultan inútiles, algunos senadores apuntaron que permitirán identificar visualmente los lugares donde habrían sido depositados los bolsos con dinero.
Fernández -la dirigente opositora con más apoyo en las encuestas- negó ante la justicia haber cometido algún delito y acusó a Bonadío de responder al presidente Mauricio Macri en esta y otras pesquisas en las que es investigada por el magistrado.
Macri no ha contestado directamente a esas acusaciones. El presidente se refirió a la causa el viernes en un acto oficial al afirmar que “toda esta plata de la corrupción explica las cosas que nos faltan y los desafíos que tenemos”.
La exmandataria ha puesto en duda la validez de las pruebas y la declaración de varios imputados que han confesado haber pagado sobornos.
En la pesquisa sobre la que sería la mayor trama de corrupción en décadas en Argentina hay al menos 16 detenidos, 13 arrepentidos, un prófugo y otros 13 investigados.
Según versiones de la prensa con acceso a la investigación, dos exfuncionarios declararon que Fernández estaba al tanto del pago de sobornos. En tanto, varios empresarios reconocieron pagos millonarios a funcionarios o aportes para las campañas electorales del matrimonio Kirchner.
La causa se basa en una investigación del diario argentino La Nación sobre ocho cuadernos que pertenecían al chofer de uno de los exfuncionarios detenidos en los que ese empleado registró entre 2005 y 2015 los días y horarios en los que empresarios habrían pagado los sobornos. Entre los destinos a los que habría llegado el dinero también están la casa de gobierno nacional y la residencia presidencial.
