Está claro que en Venezuela no hay Estado de Derecho. Hace tiempo se acabó la preeminencia de las leyes sobre la arbitrariedad. Me repiten tanto esa idea cada vez que hablo de la violación de una norma constitucional, que prefiero empezar estas notas advirtiendo que ya lo sé, en Venezuela no hay Estado de Derecho, no hay Constitución Nacional, nos rige un poder arbitrario de un régimen despreciable y despreciado por el mundo entero y diría más, despreciado hasta por quienes dicen apoyarlo.
Las leyes cambiadas o eliminadas de un solo plumazo y sin consulta y sin la autorización de los órganos competentes, son una clara demostración del fin del Estado de Derecho en Venezuela. Esto ocurre desde los tiempos de Hugo Chávez, pero acrecentado en estos años de Maduro. Acá reina una anarquía absoluta, total y peligrosa. Venezuela es hoy en día un caos a punto de estallar y de convertirse en un enfrentamiento de consecuencias muy lamentables. El régimen, supongo, está consciente de ese peligro, mejor dicho, creo es el gran propiciador del peligro que nos acecha.
Recordando al Libertador, yo diría: El régimen edifica, construye esa anarquía que nos devorará. Dialogar con el régimen para salir de esta crisis me parece imposible e inútil, al gobierno le gustaría el engaño de un nuevo diálogo, pero ya nadie cree en su palabra ni en la de sus oscuros personeros. Un proceso electoral convenido y limpio con observación objetiva internacional, al régimen no lo conviene ni lo aceptará nunca. Las puertas están cerradas para dar por terminada la tragedia venezolana. Sólo un milagro divino nos conduciría a la solución que el venezolano común espera.
La última demostración de la arbitrariedad del régimen ha quedado clara con el supuesto atentado contra el Presidente de la república. Aparecieron unos drones durante un desfile militar, uno de ellos explotó, se dice que por la acción de algún integrante de la Casa Militar presidencial, para prevenir cualquier peligro que pudiera representar el citado dron que tomaba un rumbo muy cercano a Maduro. En innumerables ocasiones se han visto esos artefactos tecnológicos durante apariciones de Maduro en actos de masa. Se dice que son utilizados por las televisoras oficiales que transmiten los actos, por tanto nada era extraño ese sábado 4 de agosto, pero se hace aparecer el suceso, como un atentado y desde entonces Maduro no habla de otra cosa que del supuesto atentado.
El mismo día acusó a quien para ese momento todavía era presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Luego acusó a los diputados Julio Borges y Rafael Requesens, solicitando el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de ambos, que, por supuesto, la írrita e inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, sin facultad para ello ni para nada, los acordó con una rapidez inusitada y el TSJ en decisión también veloz y en apariencia unánime, autorizó el enjuiciamiento de los dos diputados. 55 años han pasado desde el asesinato del presidente Kennedy de USA, y todavía no está claro qué ocurrió aquel 22 de noviembre de 1963 y ya acá se «conoce» toda la verdad del «atentado» del reciente 4 de agosto. La inmunidad parlamentaria es una prerrogativa de quienes conforman el Parlamento venezolano, de no ser arrestados, detenidos o confinados sin antejuicio de mérito y sin el allanamiento de la inmunidad por parte del órgano al cual pertenecen, en este caso la Asamblea Nacional legítima y elegida libremente por el pueblo venezolano, tal y como lo dispone el artículo 200 de la Carta Magna. Es, repito para claridad de todos, a esa Asamblea Nacional a quien corresponde la decisión del allanamiento de la inmunidad de los diputados, no una la espuria e inexistente ANC. Es más, en caso de que una ANC fuera legítima y constitucional, tampoco podría allanar la inmunidad de diputados de la Asamblea Nacional.
La única atribución de una ANC es redactar una nueva Constitución Nacional, la cual, además, deberá ser sometida a referendo aprobatorio por parte del pueblo venezolano. La Asamblea Nacional Constituyente no debe ser, no es, un Parlamento paralelo para cometer arbitrariedades que enciendan el panorama político nacional. Se ha producido un arbitrario allanamiento.
