No se equivocó Nicolás Maduro cuando anunció, el viernes pasado en cadena obligatoria radiotelevisada, el incremento del salario mínimo para ubicarlo en 1.800 bolívares soberanos, que debe regir desde el momento en que entre en vigencia el nuevo cono monetario.
Tal es el criterio del Dr. Froilán Barrios, experto en relaciones industriales y planificación de recursos humanos, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y dirigente del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (FADESS), entrevistado para EL IMPULSO.
Decisión planificada
Hay personas -se le comentó al entrevistado- que piensa que cuando Nicolás Maduro habló de 1.800 bolívares como el salario mínimo leyó mal, porque era posible que fuese 18 bolívares soberanos que vendría a ser tres veces el salario de hoy día. ¿Se equivocó?
-De ninguna manera. No es una decisión improvisada, ni una equivocación al leer la cifra, ni tampoco un error contenido en lo que él denominó “programa de recuperación económica de crecimiento y prosperidad”, sobre cuyos proyectos de leyes informó que le corresponderá al ministro Tareck El Aissami, vicepresidente del Ejecutivo Nacional para el área económica, entregar a la Constituyente.
Al momento de hacer el anuncio, ese aumento equivalía a 180 millones de bolívares y el salario mínimo integral era de 5.196.000 bolívares.
Se hunde la economía
En estos momentos cuando la economía venezolana se encuentra en el suelo, con su nuevo programa, Maduro terminará por hundirla.
Lo más grave es que no existe posibilidad de reactivarla porque no hay incentivos para invertir, la producción petrolera está en declive, existen sanciones contra los principales funcionarios de los poderes públicos por violación a los derechos humanos, lo que aisla a Venezuela de la comunidad internacional, y la hiperinflación no puede ser enfrentada eficazmente y mucho menos con el nuevo plan oficial.
Este programa para el cual habrá nuevas leyes, indudablemente, en lo que respecta al aumento salarial pone en peligro la estabilidad laboral de aproximadamente 7 millones de trabajadores.
Aunque el mandatario ha prometido que el Gobierno cubrirá el diferencial del incremento salarial por un lapso de noventa días, no existe la menor duda de que habrá cierre de empresas porque éstas, en su mayoría, no disponen de los recursos para adquirir materia prima ni algunos insumos que requieren, motivo por el cual están operando con dificultades.
Acabar con la empresa privada
Claramente, el objetivo del programa que tiene Maduro, elaborado según manifestó en su alocución por especialistas internacionales que no identificó y por lo tanto no se sabe cuáles son sus experiencias en planificación económica, es arrasar la empresa privada que todavía subsiste. Acabarla de un plumazo.
Es un plan para estatizar lo que queda del sector privado y ejercer el control pleno de la economía nacional, expresó el Dr. Barrios. Ese es su fin y el mismo obedece al socialismo del siglo 21.
Ya no quedan empresas grandes
Es de pensar que le ha quedado el camino abierto después que las grandes empresas que existen en el país se pueden contar con los dedos de una mano, porque ya las transnacionales, que tenían capacidad para invertir y funcionar, alegando una serie de problemas comenzando por el control cambiario, se han ido del país.
Mencionó, entre otras, a la General Motors, Johnson y Johnson, Kimberly Clark, Clorox, Gruma, Metalsa, Mattel, Exxon Mobil, Cemex, Kraft, Conoco Phillips, Bridgestone, Brahma, Colgate Palmolive y Kellogs.
Están quedando las pequeñas y medianas empresas que, indudablemente, no podrán cubrir el aumento salarial después de esos noventa días que ha prometido el Gobierno pagar el diferencial.
Aparheid político
Dentro de los propósitos del Gobierno está no sólo controlar toda la economía nacional, sino a la propia población, porque ahora solamente los llamados hogares de la patria recibirá la cajita de los Claps.
Y, desde luego, se ha implantado una política de apartheid, como la que hubo en Suráfrica, ya que si en esa parte del continente africano había una segregación racial, aquí se impondrá una segregación política para quienes no estén inscritos en el carnet de la patria.
Y ahora veremos esa discriminación con los dueños de los vehículos de carga, de transporte colectivo y particulares, ya que no ha vacilado el jefe del Gobierno en pregonarlo el mismo viernes cuando dijo que el censo sobre automotores le permitía subsidiarles el combustible a quienes cumplieron con ese requisito.
De modo, pues, que ahora la situación de crisis se profundizará mucho más por la falta de alimentos, medicamentos, equipos y repuestos, porque difícilmente el país podrá obtener recursos por exportación petrolera, ni por venta de bonos, ni mucho menos por ese disparatado proyecto de la criptomoneda “Petro”, dijo el Dr. Barrios.
