Venezuela solicitó el jueves a Colombia la captura de tres venezolanos que habrían participado en el atentado con drones contra Nicolás Maduro a principios de agosto, entre ellos el expresidente de la Asamblea Nacional Julio Borges, quien reside en el país vecino desde hace varios meses.
En la noche, el Tribunal Supremo de Justicia declaró en Twitter que es procedente la solicitud a Colombia para la extradición de Borges, acusado por las autoridades venezolanas de participar en el ataque. Para fundamentar su posición, el gobierno en Caracas ha citado confesiones de varios detenidos, incluido el diputado opositor Juan Requesens, quien en un vídeo supuestamente declaró a las autoridades que recibió órdenes del exiliado dirigente opositor para ayudar a que uno de los detenidos por el caso cruzara la frontera. El gobierno ha usado esas declaraciones para implicar a Borges y solicitar su captura internacional.
Borges, electo presidente de la Asamblea Nacional controlada por la oposición para el período 2017-2018, es solicitado para ser sometido a un proceso penal por los presuntos delitos de traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración, instigación pública continuada y conspiración.
El máximo tribunal también declaró procedente pedir a Colombia la extradición de otros dos venezolanos, entre los que destaca Oswaldo García Palomo, quien es acusado del delito de lanzamiento de artefacto explosivo en reuniones públicas, terrorismo y asociación para delinquir.
El incidente ocurrió el 4 de agosto durante los actos de celebración del 81 aniversario de la creación de la Guardia Nacional venezolana, pero el seguimiento ha sido confuso y no existe claridad sobre lo ocurrido.
Maduro, reelegido en los comicios de mayo pasado, responsabilizó del atentado a la derecha venezolana e internacional, y acusó de forma directa al presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, de estar detrás del hecho, aunque no presentó ninguna prueba.
En relación con el ataque con drones, el Tribunal Supremo además solicitó a Estados Unidos la extradición de Virginia Da Silva-Pio Porta, Josser López Valero y Osman Delgado Tabosky.
Horas antes, el gobierno de Perú anunció que recibió un pedido formal del gobierno venezolano solicitándole la captura de nueve ciudadanos de ese país que habrían participado en el atentado, los cuales se encontrarían en territorio peruano.
El ministro del Interior de Perú, Mauro Medina, dijo a la prensa durante una actividad pública que primero tenían que verificar si los supuestos ciudadanos venezolanos habían «ingresado al país». No brindó las identificaciones de los nueve requeridos por la justicia, pero añadió que seis serían militares, un expolicía y dos civiles.
