Todavía hoy nadie, aparte de los íntimos del gobierno y sus órganos de seguridad, parecen saber con certeza si el supuesto magnicidio fue un montaje o un esfuerzo chapucero para acabar con el alto gobierno.
Si el atentado fue preparado por el gobierno, obviamente este obedece a la necesidad de cosechar los frutos políticos que pueden derivarse de un atentado ficticio en el que es fundamental que nadie muera o salga herido pero que se puede utilizar para efectos publicitarios. Los nazis hicieron algo parecido en 1933 cuando incendiaron el Reichstag, el palacio del congreso alemán. El incendio les sirvió para culpar y perseguir al partido comunista al mismo tiempo que aumentaban el apoyo político a la gestión de Hitler.
Si el supuesto magnicidio fue un montaje gubernamental, entonces, repito, fue muy bueno pues le vino de perlas al régimen para acentuar la persecución contra la oposición y en particular sobre quienes se han convertido en su bestia negra: Primero Justicia y sus líderes. Al mismo tiempo agitan un nuevo trapo rojo para distraer a la opinión pública de los muchos problemas que vive la población y aglutinar al propio partido de gobierno alrededor de la figura de su presidente. Ojalá que el paso siguiente no sea declararle la guerra a Colombia, pero de esto aparte de unos loquitos que amenazaron con bombardear unos puentes en el Magdalena, nadie ha dicho nada. En 1982 los militares argentinos, al sentir que se les escapaba el poder, decidieron recuperar Las Malvinas y de inmediato, prácticamente toda la nación se galvanizó en respaldo de este propósito, pero fueron derrotados militarmente y eso trajo para ellos un precio político muy alto.
Hay que aclarar que, hasta ahora, la represión ha sido brutal sobre los detenidos pues no se les respetó ningún derecho, pero también que, hasta ahora, ha sido puntual. Quizás el régimen se ha contenido en esto por la poca credibilidad que internacionalmente ha tenido el hecho.
Del supuestamente falso atentado se deriva una pregunta: las torturas que le estan aplicando a Requesens ¿se justifican por el deseo de venganza de los hermanitos Rodríguez?. Recordemos que su padre, Jorge Rodríguez, fue asesinado a golpes en 1976 en los calabozos de la policía política de entonces aunque desde el gobierno dejaron correr la bola de que más bien se suicidó, una excusa a la que recurren con frecuencia las policías para confundir a la opinión pública cuando un muerto se les vuelve incómodo. Esperemos que eso no ocurra con Requesens o los otros detenidos. La cuestión básica es muy simple: nadie, absolutamente nadie, puede ser violado en sus derechos humanos al ser detenido, ni entonces ni ahora.
Pero si el hecho fue intentado por algunos opositores, estén fuera o dentro del gobierno, alegrémonos de su fracaso. De haber logrado el descabezamiento del alto gobierno, no habría sido la oposición quien tomara el poder pues simplemente no tiene con quien ni con qué. Lo que si habría ocurrido es que el gobierno pase a otras manos, sin que necesariamente cambie la naturaleza criminal del régimen. Y, sin duda se habría desatado una persecución feroz y generalizada contra toda la oposición.
Los cambios de régimen vendrán cuando las condiciones objetivas y subjetivas sean favorables. Y por métodos políticos, sin recurrir necesariamente a enfrentamientos armados o reduciéndolos al mínimo posible, y estos podrán ocurrir solo al final de un largo proceso de acumulación de fuerzas políticas, tal como ocurrió en tiempos de Pérez Jiménez, cuando las Fuerzas Armadas dieron el puntillazo solo después de varios años de crecimiento y consolidación de un frente opositor. Y esto pasa por abandonar la lucha intestina en la que están enfrascados los opositores olvidando que el adversario es el que está al frente, no al lado
