La organización civil Súmate alerta que en los últimos años el Poder Ejecutivo Nacional ha utilizado, de acuerdo con sus intereses políticos, al Poder Judicial y la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para desconocer las funciones de los
ciudadanos investidos por el voto popular para ejercer su representación en cargos públicos como Diputados de la Asamblea Nacional, Gobernadores y Legisladores de Estado, Alcaldes y Concejales de Municipios.
En este sentido, aseguran que desde la Presidencia de la República se vacía de contenido el sagrado ejercicio del derecho al sufragio, al no permitir el ejercicio del poder político obtenido por los representantes electos a través del mandato que les otorga el voto de millones de ciudadanos, generando así una crisis institucional y política, que atenta contra los principios constitucionales de separación de poderes y sin precedentes en la historia de la democracia en Venezuela.
La ONG mediante un comunicado de prensa lamenta que nuevamente el Ejecutivo Nacional utilice a la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, integrada únicamente por militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), para que vulnere el estado de derecho y proceda al allanamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados Juan Requesens y Julio Borges, competencia exclusiva de la Asamblea Nacional según el artículo 200 de la Constitución de la República.
Al mismo tiempo señalan que con la detención arbitraria realizada contra el diputado a la
Asamblea Nacional Juan Requesens el miércoles 7 de este mes, los organismos de seguridad del Estado violaron su inmunidad parlamentaria y el debido proceso, sin permitirle el ejercicio de sus derechos constitucionales y sin que sus familiares y abogados conozcan su lugar de reclusión y condiciones de salud, lo cual viola lo establecido
en los artículos 44, 46, 49 y 200 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.
Nuevamente Súmate recuerda a los funcionarios del Estado que por el cargo que ostentan, sea de elección popular o por designación constitucional por la Asamblea Nacional, están sujetos a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que ella establezca, con el fin de garantizar el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder del Estado, tal como lo establece el artículo 7 del texto constitucional: “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico.
Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución. ”Finalmente, hacen un llamado a las autoridades del Estado a someterse al imperio de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las Leyes, tal como lo exigen los artículos 7, 19, 25, 131 y 137 del texto constitucional; y contribuir a que la salida de la crisis política, económica y social sea por la vía constitucional, democrática,
pacífica y electoral.
