El grupo de Lima pidió el sábado a Venezuela realizar “una investigación independiente, exhaustiva y transparente” sobre incidente del pasado 4 de agosto que el gobierno venezolano califica de atentado contra el presidente Nicolás Maduro.
Los gobiernos que componen el grupo de Lima (Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú) realizaron un “exhorto urgente” al gobierno venezolano para que se esclarezcan los hechos “de manera imparcial, con pleno respeto del estado de derecho y los derechos humanos”.
A su vez el organismo repudió “cualquier intento de manipulación que se haga del incidente ocurrido el 4 de agosto para perseguir y reprimir a la disidencia política”, ante las acciones emprendidas contra la Asamblea Nacional de Venezuela.
El grupo rechazó también la violación del debido proceso penal y calificó la detención del diputado de la Asamblea Nacional Juan Carlos Requesens como “arbitraria, ilegal y sin investigación previa”, y se mostró contrario a la orden de captura contra el diputado Julio Borges “en abierta violación a sus fueros parlamentarios y a las garantías e impunidades previstas en la Constitución” de Venezuela.
Además el grupo reiteró su “profunda preocupación por la situación de todos los presos políticos en Venezuela y exigen su inmediata liberación”.
El incidente ocurrido el pasado 4 de agosto durante los actos de celebración del 81 aniversario de la creación de la Guardia Nacional venezolana ha sido confuso y no existe claridad sobre lo ocurrido.
Maduro, reelegido en los comicios de mayo pasado, responsabilizó del atentado a la derecha venezolana e internacional y señaló de forma directa al presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, de estar detrás del hecho, aunque no presentó ninguna prueba.
El gobierno de Venezuela habitualmente acusa a los activistas de la oposición de conspirar para atacar y derrocar a Maduro, un líder profundamente impopular que según el gobierno fue elegido recientemente para un nuevo período de seis años, a pesar de que los comicios han sido fuertemente censurados por decenas de países. Maduro se ha movido constantemente para concentrar el poder mientras la nación es azotada por una agobiante crisis económica.
