El presidente Tabaré Vázquez ganó las elecciones de 2014 en Uruguay con la promesa de bajar los robos y asaltos. La inseguridad ya era un problema creciente en dicho país y se había transformado en uno de los ejes de la campaña electoral.
Sin embargo, el gobierno admitió que, lejos de sus objetivos, los delitos violentos han experimentado un dramático incremento.
Según cifras oficiales en el primer semestre del año, comparado con igual periodo de 2017, hubo un aumento de 66,4% en los homicidios y 55,8% en los robos con violencia o rapiñas.
Las estadísticas eran reclamadas por políticos y periodistas desde que el 19 de junio Fernando Gil, responsable de comunicación del Ministerio del Interior, anunció que «Uruguay se apronta a reconocer… una de sus peores estadísticas de delitos desde que se lleva registro».
El anuncio fue seguido por un intenso debate en la prensa y las redes sociales. El diario El Observador tituló el viernes: «Rapiñas crecieron casi 40% desde que Vázquez prometió bajarlas 30%».
El controvertido ministro del Interior, Eduardo Bonomi, ha sostenido que las cifras venían en descenso pero experimentaron un dramático giro a partir de noviembre, cuando entró en vigencia un nuevo código penal más benévolo.
El código restringió la aplicación de la prisión preventiva, habilitó que los fiscales pacten penas menores a cambio de una admisión de culpabilidad y eliminó la posibilidad de que los policías interroguen a los detenidos, entre otras disposiciones.
«La implementación del nuevo código… ha producido una ruptura brusca en las tendencias que existían en el comportamiento criminal», dijo el ministro días atrás en un simposio sobre seguridad pública.
El encuentro era conducido por el comunicador y actor Humberto de Vargas, quien debió retirarse en forma urgente cuando le avisaron que estaban intentando robar su casa.
«Hemos caído en una anomia social en la que no se cumplen las leyes y nadie quiere hacerlas cumplir estrictamente», dijo en una reciente entrevista con El Observador el director de la policía, Mario Layera.
Durante años el país cultivó la imagen de ser uno de los más seguros de América Latina. Pero Layera dijo que Uruguay se encamina a ser como Guatemala o El Salvador y responsabilizó del fenómeno a la creciente marginalidad social y la descoordinación de los servicios estatales.
No es raro ver en la prensa acusaciones cruzadas entre jueces, fiscales y autoridades policiales respecto de procedimientos mal realizados.
Bonomi anticipó que habrá que contratar más policías porque «se ha roto el equilibrio entre policías y delincuentes en las calles».
Pero el inspector principal retirado y exdirector del sistema de cárceles Enrique Navas, actual asesor en seguridad, cree que Uruguay tiene muchos policías pero mal preparados y organizados.
Según el exfuncionario, el ministro quitó potestades a las comisarías y centralizó el mando en la cúpula del Ministerio del Interior, lo que ha derivado en una lentitud en los procedimientos y en la politización del cuerpo.
«El personal siente que carece de jefes que lo orienten y respalden. Desde el Ministerio del Interior se prioriza el acercamiento a la cúpula política por sobre las condiciones profesionales de los oficiales superiores», declaró.
También sostuvo que los nuevos policías no están bien preparados. «Son formados con un perfil anodino, con mucha preparación en derechos humanos pero muy poca en la faz técnica y operacional».
José Adán Olivera, quien entre 2012 y marzo de este año fue jefe de policía de Cerro Largo, uno de los 19 departamentos del país, sostuvo que es posible que el nuevo código tenga incidencia en la disparada delictiva pero estimó que hay otros factores.
«Falla la selección y la preparación de los agentes», dijo. «Muchos no tienen vocación y han ingresado solo porque ahora los sueldos son mejores».
Guillermo Maciel, que dirige un centro de monitoreo del delito vinculado con el opositor Partido Colorado, negó que el problema sea el código.
«En 2015 hubo otro récord de delitos y no regía el nuevo código. Hay un gran fracaso de gestión. Los delitos no se aclaran y eso genera el mayor incentivo que se llama impunidad. En homicidios apenas se esclarece el 50% y en el resto de los delitos el 10%».
La falta de respuesta ha generado manifestaciones y en algunos barrios los vecinos han creado grupos para enfrentar a la delincuencia. Días atrás el país se conmovió con las imágenes de un asaltante que fue detenido por uno de estos grupos, golpeado y torturado luego de robar un comercio a punta de revólver.
La justicia por mano propia no solía ser habitual en Uruguay.
En medio del debate la Cámara de Diputados introdujo algunas modificaciones al código habilitando en más casos la prisión preventiva. Estos cambios deben ser ratificados por el Senado.
La oposición mientras tanto reclama la renuncia de Bonomi.
El ministro, un exguerrillero, fue designado por José Mujica desde su primer día en la presidencia (2010-2015). Tras la asunción de Vázquez fue mantenido en el cargo con el respaldo del expresidente, quien tiene una influencia decisiva en la coalición gobernante de izquierda Frente Amplio.
