La expresidenta argentina Cristina Fernández guardaba silencio el jueves, un día después de que estallara un nuevo escándalo de supuesta corrupción que la salpica y es comparado con el caso Lava Jato que sacudió a varios países de Latinoamérica.
La exmandataria (2007-2015) y actual senadora opositora fue llamada a declarar el 13 de agosto por el juez federal Claudio Bonadío en una investigación sobre el presunto pago de sobornos millonarios por parte de grandes empresarios al ministerio a cargo de las obras públicas.
Fernández suele manifestarse en las redes sociales para dar sus opiniones sobre política o las causas judiciales que la tienen como protagonista. Sin embargo, hasta ahora no se ha pronunciado con relación a este nuevo caso que sacudió el escenario político y empresarial.
Tampoco quiso hablar con los periodistas a la salida de su apartamento de Buenos Aires hacia el Senado, donde la víspera asistió a un debate sobre el proyecto de legalización del aborto.
Al menos una docena de exfuncionarios del Ministerio de Planificación y de la jefatura de Gabinete y miembros de constructoras y empresas energéticas fueron detenidos en las últimas horas bajo la sospecha de integrar una asociación ilícita, delito por el que también será indagada la senadora en su comparecencia ante el juez.
La causa se basa en una investigación del diario argentino La Nación sobre ocho cuadernos que supuestamente pertenecen al chofer de uno de los exfuncionarios detenidos, en los que ese empleado registró de forma minuciosa entre 2005 y 2015 los días y horarios en los que varios empresarios pagaron millones de dólares y los destinos de esas sumas.
Entre los destinos mencionados está la residencia presidencial y un domicilio particular en Buenos Aires de Fernández y su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), quien también aparece salpicado en la supuesta trama delictiva.
No es la primera vez que Fernández es llamada a indagatoria, ya que es investigada por otros casos de supuesta corrupción de los que se declara inocente. La senadora goza de fueros parlamentarios y tendría que ser despojada de los mismos por el Congreso para ser detenida.
Fernández sostiene que Bonadío es un juez parcial que responde a los intereses del gobierno del presidente Mauricio Macri. El magistrado pidió en 2017 el desafuero de la senadora para arrestarla por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado contra un centro judío de Buenos Aires en 1994, sin que hasta ahora el pedido haya sido tratado por los legisladores.
Bonadío decidirá en los próximos días si pide de nuevo el desafuero de la senadora.
La analista política Mariel Fornoni, de la consultora Management & Fit, dijo a The Associated Press que de solicitarse el desafuero de Fernández, en esta ocasión se les haría «difícil» a legisladores del peronismo mantener la histórica postura de no levantar la inmunidad de arresto a ningún exmandatario devenido en senador mientras no reciba una sentencia firme.
«¿Cómo lo explicarían algunos senadores si quieren seguir subsistiendo?», dijo Fornoni en referencia al clima de creciente malestar de la sociedad con la corrupción en momentos en que la crisis económica se agudiza.
En las últimas horas la Fernández recibió además la noticia de que fiscales solicitaron la elevación a juicio de la causa donde está procesada junto a sus dos hijos como presuntos miembros de una asociación ilícita que recibía sobornos de empresarios que eran «lavados» usando como pantalla un entramado de operaciones inmobiliarias, dijeron querellantes en esa investigación.
Según imágenes de los canales de televisión, entre los detenidos por esta nueva causa está Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación en el Ministerio de Planificación a cargo del cual estuvo Julio De Vido, quien ya se encuentra bajo arresto por otros casos de supuesta corrupción. De Vido fue el funcionario más cercano a la pareja presidencial.
Varios de los empresarios investigados son directivos o antiguos responsables de conocidas compañías constructoras y energéticas.
Uno de ellos es Gerardo Ferreyra, vicepresidente de la constructora Electroingeniería, quien mientras era arrestado afirmó que la causa es un «show mediático».
Otro es Javier Sánchez Caballero, extitular de Iecsa, una empresa que también es investigada en la trama argentina del escándalo Lava Jato y que perteneció a Angelo Calcaterra, primo de Macri.
Ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht admitieron que pagaron 788 millones de dólares entre 2001 y 2014 en 10 países latinoamericanos, entre ellos Argentina.
El fiscal Carlos Stornelli señaló que se esperan más detenciones pero no dio precisiones. Sobre la causa judicial rige el secreto de sumario.
Oscar Centeno es el chofer que escribió los cuadernos comprometedores que de forma anónima llegaron a manos de un periodista de La Nación y cuyas copias fueron entregadas a la justicia, que en abril emprendió una investigación. Según el diario, el chofer trasladó al menos 160 millones de dólares en bolsas en un auto Toyota Corolla.
Centeno se acogió a la figura de «imputado colaborador» en su declaración del jueves ante el fiscal para lograr una reducción de su eventual condena.
