En las últimas décadas ha sido una preocupación de distintos organismos internacionales y Estados combatir y erradicar la práctica de trata de personas como forma análoga de la esclavitud moderna. La cual ha ido transformándose y adaptándose ante los diferentes cambios sociales, económicos y políticos sucedidos en el mundo.
Naciones Unidas define la trata de personas como “a captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”.
Al hacer referencia a la trata de personas, muchos reconocen a esta práctica como esclavitud del siglo XXI, una forma de explotación ante la cual todos, sin distinción de edad, sexo, raza, nacionalidad u origen social están expuestos; afectando a las diferentes naciones ya sea como país de origen, tránsito o destino.
Para la fecha se ha registrado un total de más de 40 millones de personas víctimas de la esclavitud moderna, donde más de 25 millones son mujeres, niñas y niños, que viven en esclavitud. Siendo el periodo de la historia con más personas en estas condiciones.
Ante el impacto que ha tenido este delito a nivel mundial, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) se une a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas el 30 de julio de cada año.
Ello, con la intención de fomentar la reflexión sobre este tema y visibilizar a aquellas víctimas que sigue siendo explotadas y vulneradas en sus derechos humanos, al ser despojadas de principios fundamentales inalienables.
Marco jurídico internacional
Múltiples han sido los tratados internacionales aprobados y discutidos alrededor del mundo para erradicar las formas contemporáneas de esclavitud y enfrentar sus causas y consecuencias. Sin embargo, será hasta 1957, en el marco de la Conferencia de Plenipotenciarios convocada por el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, que se tipificará a la trata de personas como forma análoga a la esclavitud.
Es en 2013 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas designa el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata, por la necesidad de concientizar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos.
Con la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en 2015, los Estados aceptaron cumplir los objetivos y las metas relacionados con la lucha contra la trata. Estos objetivos piden que se ponga fin a la trata y la violencia contra niñas y niños, que se tomen medidas contra la trata en general, y que se acabe con todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas.
Finalmente, ante la creciente ola de refugiados y migrantes en el mundo, se sentó otro precedente importante en la Cumbre sobre los Refugiados y los Migrantes, en la que se aprobó la Declaración de Nueva York. En este documento, los países se comprometen a cumplir 19 puntos, tres de los cuales, precisamente, se centran en combatir la trata de personas y el contrabando de migrantes.
Un delito local y mundial
La trata de personas es un delito de carácter tanto regional como interno, ya que las víctimas son objeto de trata dentro de su propio país, en países vecinos e incluso de un continente a otro. Este delito afecta prácticamente a todos los países, ya sea como punto de origen, tránsito o destino. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 137 Estados se ha explotado a víctimas de por lo menos 127 países.
Partiendo bajo la premisa de que las violaciones de los derechos fundamentales que acompañan a la esclavitud y las prácticas análogas, son prácticamente ilimitadas, se establece que la naturaleza de las violaciones a derechos fundamentales en situaciones de trata de personas es de carácter pluriofensivo, ya que la víctima está siendo afectada por diferentes y diversas violaciones a sus derechos humanos.
En este sentido, Cepaz señala que uno de los mayores desafíos relativos a la trata, es que a pesar de la rigurosidad de las legislaciones modernas, esta práctica sigue siendo uno de los actos delictivos más lucrativos para la fecha. Violentando así principios generales del derecho, tales como la prohibición del enriquecimiento sin justa causa y haciendo necesaria la implementación de la ayuda humanitaria entre países.
En el caso de Venezuela, no se tiene hasta los momentos una ley especial en materia de esclavitud, o alguna de sus formas análogas como la servidumbre o la trata de personas.
Las disposiciones que protegen de este delito de esclavitud moderna y sus formas análogas se encuentran dispersas en legislaciones generales, tipificándose en distintos instrumentos normativos como Ley de Migración y Extranjería, el Código Penal, la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y la Constitución Nacional.
Realidad venezolana
En Venezuela, que ha ratificado los principales tratados internacionales de derechos humanos y en materia de esclavitud moderna, la trata de persona se constituye como una realidad inocultable. Por segundo año consecutivo Venezuela forma parte de los primeros lugares de prevalencia de trata de personas en el mundo, de acuerdo al Índice Global de Esclavitud de la Fundación Walk Free.
Para el año 2016, Venezuela se encontraba como el segundo país de Suramérica con más registros, solo superado por Perú; el cuarto de todo el continente y, en un espectro más amplio, superando a Zimbabue, Kenia y el Congo en cuanto a la vulnerabilidad.
Según el reciente informe publicado por la fundación Walk Free en 2018, presentado en Naciones Unidas, Venezuela es junto a Haití el país con mayor incidencia de esclavitud moderna en Latinoamérica. Se estima que 174.000 personas sufren esa situación en territorio venezolano, una tasa de 5,6 por cada 1.000 habitantes. De esta cifra un 70% son mujeres y 25% niñas y niños.
En este sentido, desde Cepaz hemos realizado investigaciones sobre esta situación junto con organizaciones aliadas, y señalamos que cada vez es mayor el número de venezolanos susceptibles de caer en una red de trata de personas.
En la monografía “Trata de personas, trabajo forzoso y esclavitud moderna”, la directora ejecutiva de Cepaz, Beatriz Borges, indica que el crecimiento en las cifras de casos de víctimas de esclavitud moderna se ha acelerado a un ritmo exponencial y sostenido desde 2014, con un incremento del 300% del número de casos de víctimas de esclavitud moderna, específicamente, de trata de personas.
De igual forma, manifestamos que la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país establece condiciones para que aumente de forma importante el número de personas en riesgo, por la escasez de alimentos y el flujo de migrantes hacia otros países.
Las personas que operan detrás de estas redes tienden a ser muy persuasivas y captan fácilmente los intereses de los jóvenes que abordan. Según el Observatorio de Delito Organizado (ODO), en su informe del año 2018, realizado conjuntamente con la embajada del Reino Unido en Venezuela, la crisis en materia de salud, alimentación y, en especial, la referente a la migración, es terreno fértil para la proliferación de todas las formas de esclavitud entre venezolanos.
Dentro y fuera de Venezuela está creciendo el tráfico de personas, arrastrando a más venezolanas cada vez, sobre todo emigrantes. Hasta 2017 se tiene un registro de 198.800 víctimas. Si se revisa el comparativo del período anterior, 2014-2016, se puede proyectar que en los próximos 2 años podría haber 600.000 venezolanos víctimas de esclavitud moderna, si este ritmo no se detiene.
Papel de la Sociedad Civil
Cepaz como actor de la sociedad civil, denuncia que en Venezuela no hay esfuerzos claros por parte del Estado venezolano, ni entre las agencias internacionales, para investigar y atacar los numerosos casos de trata que se producen diariamente a nivel nacional y en territorio extranjero.
Por esta razón, invitamos al resto de las organizaciones de la sociedad civil a seguir fortaleciendo el proceso de documentación, denuncia y difusión de los casos de trata de personas de nuestros connacionales tanto dentro y fuera del territorio nacional.
Asimismo hacemos nuevamente un llamado al Ejecutivo Nacional a cumplir completamente con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico de personas, mediante esfuerzos significativos a través de servicios especializados para víctimas de trata en conjunto con la sociedad civil.
