La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo el viernes que su visita la semana próxima a Honduras le ayudará a decidir si coloca nuevamente a la nación centroamericana entre los países del continente que requieren supervisión especial.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, afirmó que el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández autorizó la visita en pleno de la Comisión –prevista desde el 30 de julio al 3 de agosto– después de que el organismo hemisférico le notificara a fines de 2017 la intención de incluir a Honduras en el capítulo 4 de su informe anual, reservado para los países que ameritan un seguimiento más minucioso.
Honduras hizo uso del reglamento de la CIDH, el cual permite a los países ofrecer una visita in loco –en la que participan al menos dos comisionados– del organismo como alternativa a su ingreso inmediato al capítulo 4.
«El hecho de que Honduras no ingresó al capítulo 4 del informe anual del 2017 y que ofreció una visita in loco no excluye la posibilidad de que ingrese este año, especialmente si la Comisión verifica que las condiciones están justificadas», indicó Abrão en conferencia de prensa.
La CIDH, que solamente incluyó a Cuba y Venezuela en el capítulo 4 de su informe anual 2017, tiene hasta diciembre para decidir cuáles países requerirán supervisión especial.
El organismo dio seguimiento especial a Honduras de manera continua desde el derrocamiento de su presidente Manuel Zelaya en 2009 hasta 2015, después de realizar una visita en pleno en diciembre de 2014 y emitir un informe sobre el país meses después.
Abrão dijo que la visita dará gran atención a las protestas callejeras que dejaron al menos 32 muertes después de que Hernández se reeligiera en noviembre en unos comicios que la oposición calificó fraudulentos.
El Ministerio Público notificó a la Comisión la apertura de 22 investigaciones por asesinatos postelectorales, sin brindar mayores detalles, pero Abrão señaló que sin conocer los detalles de cada caso es imposible determinar si esas investigaciones constituyen una respuesta eficiente de la justicia hondureña, por lo que la Comisión persigue la creación de un mecanismo de seguimiento a las muertes postelectorales.
Amnistía Internacional denunció el mes pasado que ningún miembro de cuerpos de seguridad está entre los 118 acusados de delitos relacionados a las 32 muertes ocurridas durante las protestas.
El contexto electoral parece haber agravado tendencias arraigadas en la sociedad hondureña que vulneran los derechos humanos, tales como altos índices de muertes violentas, militarización, administración de justicia.
La Comisión se entrevistará con autoridades gubernamentales de los tres poderes del Estado y con representantes de la sociedad civil cuando visite Tegucigalpa, el Bajo Aguán, San Pedro Sula, Tela y Puerto Lempira. Además, recibirá denuncias en un hotel de la capital mientras dure la visita.
