Diputados opositores en Lara se pronunciaron sobre las actuaciones de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana el pasado 18 de julio, cuando se realizó en Barquisimeto la marcha de los gremios, y varios periodistas fueron agredidos verbalmente por el general José Camacaro, quien tildó a los comunicadores de «showseros».
Guillermo Palacios, secretario general de Un Nuevo Tiempo en Lara, junto a Macario González, Luis Florido, Teodoro Campos, Bolivia Suárez, Orlando Fernández y María Teresa Pérez, denunció ante la Fiscalía Superior del Ministerio Público en la avenida Lara, al oficial que estuvo al mando del resguardo de las instalaciones de la Gobernación el día de la mega protesta gremial.
«Actos de torturas y barbarie dictatorial las cometidas por el general José Camacaro, jefe de la Guardia Nacional Bolivariana en la región, en contra de periodistas, fotógrafos y
camarógrafos que cubrían las informaciones de la gran marcha realizada el miércoles
pasado en Barquisimeto por los trabajadores de diferentes instituciones públicas
organizados en gremios, sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil, al pretender
descalificarlos imputándoles el remoquete de swouceros y generadores de protestas, lo
cual se traduce en desconocimiento a la realidad social y económica expresada por quienes
decidieron salir a protestar», aseguró.
Es un patrón de política
Puntualizó Palacio que se trata de una violación a los derechos humanos y a la libre protesta garantizada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
«En la Carta Magna tenemos garantizados los venezolanos la protesta social, la integridad física y a la libertad de información y expresión, protegidos a través de los convenios internacionales suscritos por Venezuela y ratificados en la Constitución y legislación nuestra, en donde tipifica esta conducta como tortura por haber inferido tratos crueles e inhumanos en contra de los profesionales de los medios de comunicación y de la marcha que se realizó en forma democrática y pacífica», expresó.
A su juicio, «nosotros consideramos que esta práctica obedece a un patrón de acción política diseñada para descalificar y desmotivar a quienes realicen protestas como las reseñadas, pero además responde a una forma de descalificar a quienes profesionalmente realizan un trabajo de trasmitir las noticias que se producen, que en este caso son los periodistas, fotógrafos y camarógrafos que se encontraban en el sitio cubriendo la información, a quienes se les pretende humillar y vejar con estas expresiones que son producto de un régimen dictatorial que tiene como objetivo controlar y limitar a la prensa libres».