El pasado día 22 de julio del presente la abogada Liliana Rodríguez, coordinadora de la asociación de laicos y religiosos de la Orden de los Dominicos (Fraternidad Dominicana), recibió una llamada telefónica emitida por una persona que no se identificó, expresando que “le habían encargado que diera muerte a Liliana Rodríguez y a su hija”, señalando con detalles la información sobre su dirección de residencia, oficina de trabajo y de vehículo e informando que pertenecía a la organización “Unión de Trabajadores Populares”.
Esta grave amenaza contra una defensora de derechos humanos, que cuenta con una firme y constante trayectoria en la promoción y defensa de las personas más vulnerables de nuestra sociedad –mujeres en situación de pobreza, adultos mayores y niños y niñas-, constituye un intento de amedrentar e inhibir el valioso trabajo que realiza diariamente desde su organización y desde la Red de Derechos Humanos del estado Lara.
No es la primera vez que un integrante de nuestra red recibe amenazas. El año pasado hubo allanamientos a las viviendas de varios integrantes y seguimiento por personas no identificadas a los lugares de reunión de nuestras organizaciones.
Nuestros teléfonos se encuentran presuntamente intervenidos y con frecuencia se puede detectar señales en tal sentido. Sin embargo, esta acción que se ha ejercido contra nuestra integrante, fundadora de la Red de DH, representa una de las más graves amenazas. Es responsabilidad del Estado proporcionar apoyo y protección eficaz a las personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos, así como a aquella otra gran parte de la población que reporta haber recibido amenazas similares. Su incumplimiento, por inacción u omisión, representa una violación grave de obligaciones jurídicas en el derecho nacional e internacional. En este sentido, la Red de DH de Lara se pronuncia ante este hecho en los siguientes términos:
1. Exigimos se resguarde plenamente la integridad física de la Abog. Liliana Rodríguez y de toda su familia.
2. La Fiscalía Superior del Estado Lara debe abrir una inmediata investigación de estos graves hechos y esclarecer, a través de sus órganos de investigación, la procedencia de tales amenazas, así como determinar responsabilidades y sancionar debidamente a los autores.
3. Los órganos de los sistemas de protección interamericano y universal de derechos humanos, así como las organizaciones internacionales de derechos humanos, serán notificados de los hechos.
4. Hacemos responsables a los altos mandos de los organismos de seguridad del Estado por la seguridad e integridad de nuestra integrante.
