A menos de tres meses de la elección presidencial más imprevisible en Brasil desde el retorno democrático en 1985, la justicia electoral prepara un operativo inédito de blindaje y combate a las «fake news» para intentar aislar su influencia durante la campaña.
En las últimas semanas, la propagación de información falsa en torno a la huelga nacional de camioneros y anteriormente del asesinato de la concejal de Río de Janeiro, Marielle Franco, probaron el poder de contaminación del debate público y encendieron las alarmas del Tribunal Superior Electoral (TSE), encargado de conducir el proceso electoral.
Primero fue apenas una advertencia que sorprendió por su tenor. A fines del mes pasado, el presidente del TSE, Luiz Fux, dijo que la elección podría suspenderse si las noticias fraudulentas favoreciesen ampliamente a algún candidato. Días después, el TSE reunió a 28 de los 35 partidos que participarán de los comicios y firmaron un acuerdo de colaboración por una elección «limpia». Finalmente, el 28 de junio pasado, Google y Facebook se sumaron a la cruzada contra estas noticias y se comprometieron ante el tribunal a remover de la red las informaciones falsas que sean detectadas.
Los brasileños irán a las urnas el 7 de octubre en una elección que ofrece un panorama incierto. Con el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva preso en Curitiba por corrupción y fuera de carrera debido a la Ley «Ficha limpia», que impide ser candidato a cualquier condenado en segunda instancia, ninguno de los aspirantes al palacio del Planalto supera el 20% de intención de voto según los últimos sondeos.
«Creemos que con diferentes acciones y acuerdos vamos a garantizar condiciones limpias. Estamos preparándonos para que no suceda lo que pasó en las últimas elecciones de Francia, Estados Unidos y en la votación por el Brexit en Gran Bretaña», aseguró Fux en una entrevista con The Associated Press.
En Francia, el presidente Emmanuel Macron fue víctima de una noticia falsa que daba cuenta de una supuesta relación homosexual con el presidente de una importante radio. En Estados Unidos, la justicia investiga si el equipo de campaña de Donald Trump, con apoyo del Kremlin, montó una guerra informativa para dañar a la candidata Hillary Clinton. Y en el referéndum de desconexión de Gran Bretaña de la Unión Europea (UE), una serie de noticias falsas podría haber influenciado a los británicos a optar por salir de la UE.
El presidente del TSE advirtió que además de accionar penalmente en la justicia, el tribunal estará habilitado para aplicar el poder de su policía contra quienes originen y difundan noticias falsas.
Según la legislación brasileña, el delito de divulgación de hechos a sabiendas falsos para ejercer influencia en el electorado constituye un crimen, penado con el pago de multas y con hasta dos años de prisión.
«Vamos a trabajar con órganos de inteligencia para verificar de dónde vienen informaciones falsas, con el auxilio de la Policía Federal y la fiscalización del Ministerio Público y de un Comité de Prensa. Pero lo más importante para un combate efectivo es la cultura del pueblo, que los electores sepan chequear una información que circula en las redes para que puedan ejercer el voto conscientemente», dijo el presidente del TSE.
En los próximos días, el tribunal lanzará una campaña educativa sobre el chequeo de información en la radio y la televisión de Brasil, donde recientemente han incrementado las noticias falsas.
Durante la huelga de camioneros, a fines de mayo, proliferaron informaciones que daban cuenta de una inminente intervención militar, hasta otras que afirmaban que el presidente Michel Temer estaba próximo a renunciar.
Más allá de esto, ningún caso de contaminación informativa fue tan claro como el del asesinato de la concejal Franco, el 14 de marzo pasado. En los días posteriores se propagaron informaciones que relacionaban a la concejal con un poderoso narcotraficante y señalaban que su campaña había sido financiada por el Comando Vermelho, una de las facciones criminales más poderosas de Río. Los artículos falsos estaban motorizados por una página de Facebook del Movimento Brasil Livre (MBL) y amplificado por perfiles de un diputado federal y una jueza, según reveló una investigación del Laboratorio de Estudios Sobre Imagen y Cibercultura (Labic) de la Universidad Federal de Espírito Santos.
El despliegue de la justicia brasileña contra las notas fraudulentas en la víspera de una elección presidencial promete tener un alcance inédito para la región. En México, donde se celebraron elecciones hace dos semanas, la autoridad electoral apenas hizo un convenio con Facebook para tomar recaudos en la difusión de noticias falsas, aunque en paralelo surgieron iniciativas ciudadanas.
Para Fabio Malini, profesor y miembro del Labic, el desafío que enfrenta el TSE es enorme con relación a su capacidad operativa. «Además del volumen de contenidos falsos que pueden circular, los políticos a veces afirman que una información es falsa porque los perjudica y eso hay que analizarlo. Será imposible atender con rigor todos los casos con la estructura actual», dijo Malini a AP.
A principios de junio, la justicia sentó un precedente importante: por primera vez intervino en un caso de noticias falsas en la precampaña. El magistrado Sérgio Banhos, del TSE, ordenó borrar cinco textos falsos que circulaban en internet y vinculaban a la candidata ecologista Marina Silva (Red Sustentabilidad) con la megacausa de corrupción del Lava Jato. Desde marzo de 2014, la investigación del Lava Jato comenzó a destapar el mayor esquema de pago de coimas, desvíos y lavado de dinero en la historia de Brasil. El entramado de corrupción involucró a Petrobras, empresas de la construcción y políticos de varios partidos que mediante el cobro de coimas y prebendas garantizaban a cambio contratos y trato preferencial a diferentes empresarios. La operación tuvo sus ramificaciones en casi toda Latinoamérica.
En el caso de Silva, la justicia entendió que un perfil de Facebook con más de un millón de seguidores publicaba informaciones no verídicas que ofendían su imagen.
La inquietud por las noticias falsas en Brasil no alcanza solamente a los miembros del poder judicial. De acuerdo con un reciente informe de la Universidad de Oxford y el Instituto Reuters, Brasil es uno de los países más preocupados por las noticias falsas. Un 85% de los brasileños está alerta respecto a la veracidad y a una posible manipulación del contenido de las noticias que lee.
El gigante sudamericano aparece en el informe por encima de Portugal (71%) y Estados Unidos (64%) y lejos de países como Alemania (37%) u Holanda (30%), donde el temor a la contaminación informativa es menor.
Según Iván Paganotti, investigador de la Universidad de São Paulo, hay factores específicos que determinan una vulnerabilidad mayor de los brasileños. «Existe una población media con baja escolaridad, que no tiene tradición de consumir informaciones, y que tiene dificultades para discernir entre las noticias rigurosas y los rumores o informaciones falsas. Además, el país vive un contexto de hiperpolarización, un escenario que dificulta el debate público y deja todo sujeto a pasiones y odios», aseguró Paganotti.
Brasil vive un escenario de polarización acentuada desde 2013, año bisagra por las enormes movilizaciones callejeras contra el gobierno de la expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016), que surgieron como una rebelión contra el aumento del transporte. Tres años más tarde, la grieta se acentuó con el debate alrededor del juicio político a Rousseff y las grandes movilizaciones a favor y en contra.
«Una candidatura puede ser perjudicada por una noticia distorsiva que circula y, en un tiempo corto, acabar decidiendo una elección», opinó Malini.
En un escenario por demás impredecible, la justicia intenta darle una pátina de certidumbre al futuro de la nación más grande de Sudamérica.
