La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reportó al menos 264 muertes y 1.800 heridos a raíz de las protestas que sacuden a Nicaragua desde abril.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, denunció «el deterioro, profundización y diversificación de la represión en Nicaragua en la última semana», al presentar un informe ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos.
Agregó que la CIDH ha observado nuevas formas de represión contra las personas participantes en las protestas y opositores al gobierno y una afectación particular en niños, niñas y adolescentes.
El canciller nicaragüense Denis Moncada rechazó categóricamente el informe por considerarlo «apresurado, prejuiciado y carente de objetividad».
Moncada atribuyó la violencia a «grupos terroristas» y al crimen organizado que buscan derrocar al gobierno del presidente Daniel Ortega.
Venezuela y Bolivia fueron los únicos países que expresaron su apoyo al gobierno de Ortega.
Al menos una decena de países exhortaron a las autoridades nicaragüenses a respetar los derechos humanos. Uno de los más críticos fue Estados Unidos, cuyo embajador Carlos Trujillo acusó al gobierno de Ortega de impedir el trabajo de la CIDH.
Un equipo técnico del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua llegó a Managua el mes pasado bajo el patrocinio de la CIDH con la meta de asistir a la Comisión de Verificación y Seguridad de la Mesa de Diálogo Nacional.
Las protestas comenzaron el 18 de abril contra una fallida reforma a la seguridad social y tras la represión se han transformado en un reclamo general para la salida del poder de Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
