Más de 90% del transporte público del país se encuentra paralizado debido a la hiperinflación y a la grave crisis económica, y que ha ocasionado la movilización de los usuarios en vehículos improvisados conocidos como “perreras”, dejando hasta la fecha 55 personas fallecidas en todo el territorio nacional, situación que fue evaluada este viernes 6 de julio por un grupo de diputados a la Asamblea Nacional y los transportistas en el estado Táchira y que será presentada en plenaria del parlamento el próximo 10 de julio.
En el encuentro estuvieron Avilio Troconis, presidente de la subcomisión de Vialidad y Transporte de la Asamblea Nacional: Marco Bozo, vicepresidente de la Comisión de Administración y Servicios, Juan Requesens, Sergio Vergara, y Karim Vera, miembros del Bloque parlamentario del Táchira:, junto a Germán Duarte, presidente del Sindicato Nacional de Transporte a nivel nacional, y directivos, gerentes y propietarios del transporte público en el Táchira.
El diputado Avilio Troconis expresó que el transporte público vive una tragedia, ya que es insostenible el mantenimiento y funcionamiento pleno de las unidades, debido al alto costo de insumos y repuestos, mientras el gobierno nacional ignora el tema y no le da ninguna respuesta ni a los propietarios de los autobuses, ni a los usuarios.
Afirmó Troconis que la crisis en el Táchira es una de las más graves de todos los estados del país, y señaló que no existe una política clara de parte del gobierno, y por el contrario hay cementerios de autobuses Yutong, traídos por el mismo gobierno y que ahora ni ellos mismos pueden mantener “por ello la Asamblea Nacional abre sus puertas a los transportistas para que puedan exponer su crisis”.
“Las estadísticas con las mal llamadas perreras, camiones de barandas o camiones ganaderos para trasladar personas, en los últimos tres meses suman más de 55 muertos en todo el país, esto es una violación a los derechos humanos y debemos hacer algo urgente” manifestó Troconis, quien detalló que la fuerza laboral, enfermeros, maestros, periodistas, no pueden ir a sus lugares de trabajo porque no tienen cómo trasladarse.
Por su parte, Germán Duarte, presidente nacional del Sindicato del Transporte, señaló que desde el 16 de enero de 2016 el gobierno nacional decretó emergencia económica nacional, y lleva 13 emergencias desde esa fecha, y aún no ha resuelto nada en el país, “hoy todos los sectores tienen graves problemas, no solo en el transporte público de pasajeros, también es imposible mantener los vehículos que recogen la basura, el transporte de carga pesada, los taxis, y todo el servicio público se ve afectado”.
Informó que desde el gobierno nacional los han citado para hacer mesas de trabajo para distribuir insumos para los vehículos, pero no hay ninguna solución a la crisis: “en este momento tenemos una paralización que supera 90% y que se suman más unidades estacionadas, muchas en perfectas condiciones pero que les falta cauchos, batería o cambio de aceite, y que sus dueños no pueden pagarlo”.
Igualmente Juan Requesens, miembro del Bloque Parlamentario del Táchira, recordó que en el estado andino la gente hace cola por gas, por alimentos, por gasolina, y además arriesgan su vida montándose en unas perreras “hoy pasajeros y usuarios mueren, se le violan los derechos humanos a todos los venezolanos, por culpa de un gobierno que quiere mantener en desgracia a un país que está en quiebra porque estos señores se robaron todo”.
“Yo quiero que nos digan si no es cierto que Vielma pasaba cauchos y aceites para venderlos al otro lado de la frontera, pero a nuestros transportistas no les venden nada, y salen a decir que hay que hacer una mesa de trabajo. El gobierno tiene cauchos y aceites y lo que hace es revenderlo en el mercado negro. Hoy ratificamos nuestro compromiso con el sector transporte, y vamos a llevar este tema adelante por los transportistas, por los usuarios, por los venezolanos, y haremos las denuncias que sean necesarias. Esta crisis cuando estos ladrones se vayan del poder” enfatizó Juan Requesens.
También en nombre de los transportistas, Ana Rosa Ruiz, propietaria de un autobús en San Cristóbal, exigió atención al gobierno nacional y detalló que: “actualmente es insostenible poner en funcionamiento las unidades, en un día no se llega ni a 5 millones de bolívares en pasaje, que deben repartirse para el propietario y el conductor, y solo un caucho, cuesta 500 millones de bolívares”.
Los diputados y los miembros del sector transporte recorrieron varios estacionamientos donde se encuentran las unidades que no están en funcionamiento, y varias avenidas de San Cristóbal, para constatar las condiciones inseguras en las que se deben desplazar los usuarios ante la falta de autobuses.
