La crisis en el sistema de salud venezolano salió de los centros asistenciales y tomó las calles. En Lara, estado oficialista, personal de enfermería desarrolló la protesta de «Brazos caídos», como medida ante la falta de respuesta por parte de la autoridades competentes, de aumentarles el salario y dignifiquen su trabajo.
Las enfermeras y enfermeros del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales Dr. Pastor Oropeza, Hospital Central Antonio María Pineda, Hospital del IVSS Dr. Juan Daza Pereira, y Hospital Pediátrico Agustín Zubillaga, manifestaron su descontento durante este lunes, en medio de un clima donde la presión ha sido fundamental para ellos al momento de ser escuchados.
Mientras los medios de comunicación social se encontraban en el Daza Pereira, personal de seguridad solicitó el desalojo, por cuanto estaba terminantemente prohibido grabar en las instalaciones. Sin embargo, un cerco de enfermeros y enfermeras impidió que los periodistas dejaran de hacer su trabajo, y garantizarles a los ciudadanos el derecho a informar, tal y como está establecido en la Constitución.
A la manifestación realizada en el Pastor Oropeza, se unieron los pacientes crónicos quienes solicitan la ayuda humanitaria. Pacientes que están a punto de perder sus vidas porque no encuentran sus tratamientos.
Héctor Daniel Colmenárez, de la Fundación Amigos del Paciente Renal, aseguró en plena vía, que «estamos condenados a morir, no es posible que el 80 % de los pacientes hoy, tenga menos de 8 en hemoglobina. Un paciente en esa condición, se incorpora a la máquina, muere, porque tiene mala condición de calidad vida. No hay sangre porque cuesta 38 millones de bolívares en el sector privado, en lo público no existen los reactivos».
Aseguró que hasta los momentos han muerto 7 pacientes en 15 días, cuando la estadística dice que son 3 pacientes cada dos meses. «El Gobierno nos está condenando a morir«, sentenció.
