El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, pidió este viernes que la Corte Penal Internacional (CPI) «se implique» en el caso de los graves abusos cometidos en Venezuela dada la «impunidad generalizada» y la inacción del Estado.
El informe expresa que «desde el cambio de Fiscal General, a principios de agosto de 2017, las autoridades estatales no han actuado con la diligencia debida para investigar de manera oportuna y eficaz los casos de uso excesivo de la fuerza y de muertes de manifestantes tras la acción de las fuerzas de seguridad».
«Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia», se lee en el documento.
La Oficina de Alto Comisionado publicó hoy su segundo informe a distancia. Según las informaciones recabadas, al menos 280 personas han sido «arbitrariamente privadas de libertad por expresar sus opiniones políticas, por ejercer sus derechos o por ser consideradas una amenaza al Gobierno».
También se documentan 90 casos de personas detenidas que fueron sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes desde 2014, lo que «en muchos casos puede llegar a constituir tortura».
Derecho a la salud y la alimentación
«la grave crisis sanitaria en curso era consecuencia del colapso del sistema de salud venezolano», expresaron médicos, académicos y otros profesionales de la salud.
El ACNUDH recibió «pruebas de que la inacción de las autoridades estatales o la ineficacia de las medidas adoptadas para abordar el agudo deterioro de las instalaciones y el equipo de atención médica, la falta de medicamentos, en particular para pacientes con enfermedades crónicas, y el repunte de enfermedades que ya habían sido erradicadas constituyeron una violación del derecho a la salud de un gran número de personas en todo el país».
El informe también agrega que las políticas implementadas por el gobierno venezolano «han generado niveles críticos de escasez alimentaria en un contexto
en el que grandes segmentos de la población no tienen suficiente dinero para comprar los
alimentos a precios de mercado».
De acuerdo a la información disponible, la desnutrición de los niños menores de cinco años
aumentó rápidamente y las familias se han visto obligadas a reducir drásticamente la cantidad y la calidad de los alimentos que consumían.
