Los grupos sociales que desde hace años luchan por el aborto libre en Argentina sintieron el jueves que su objetivo está más cerca que nunca luego de que en una sesión histórica la Cámara de Diputados aprobó un proyecto para su legalización y despenalización.
La iniciativa que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación recibió 129 votos a favor y 125 en contra. El proyecto, apoyado por legisladores de distintas fuerzas políticas, pasará ahora al Senado para su tratamiento.
El presidente Mauricio Macri, contrario a la interrupción voluntaria del embarazo, se congratuló de que los argentinos puedan «dirimir sus diferencias con respeto» y expresó sus «felicitaciones para todos, sabiendo que este debate continúa en el Senado».
El mandatario se ha comprometido a no vetar la norma en caso de que sea aprobada.
De ser así, Argentina se sumará a Uruguay, Guyana, Cuba y la Ciudad de México, los únicos en Latinoamérica que han legalizado el aborto. En Puerto Rico y en las Antillas y Guayana francesas también se permite atendiendo a las legislaciones de Estados Unidos y Francia, respectivamente.
Es la primera vez que un proyecto para despenalizar el aborto y legalizar su práctica llega al pleno de una cámara del Congreso de Argentina, el país nativo del papa Francisco, luego de que varias iniciativas se frustraran en instancias legislativas inferiores.
El maratónico debate fue considerado uno de los más trascendentales desde el regreso de la democracia en 1983.
La Conferencia Episcopal Argentina y la Comisión Episcopal de Laicos y Familia lamentaron la votación. «Nos duele como argentinos esta decisión», dijeron en un comunicado conjunto en el que afirmaron que «tenemos la oportunidad de buscar soluciones creativas para que ninguna mujer tenga que acudir a un aborto… reconociendo el valor de toda vida y el valor de la conciencia».
La tendencia en el voto fue variando en las últimas horas del debate, lo que generó nerviosismo entre los pro y anti abortistas congregados en las inmediaciones del Congreso.
Los defensores del proyecto que pernoctaron en la zona celebraron el resultado con gritos, cánticos y saltos de alegría. Otros lloraron y se abrazaron. El cansancio no parecía hacer mella en cientos de jóvenes con pañuelos verdes al cuello luego de haber pasado la noche en sacos de dormir y sillas plegables, combatiendo con fogatas de las gélidas temperaturas de la noche.
«Este es un momento histórico, después de 13 años de lucha esto es único… aborto legal, seguro y gratuito», dijo a The Associated Press con voz ronca de tanto gritar María Otero, una estudiante de 18 años que celebraba junto a mujeres de distintas edades.
La Coalición Internacional para la Salud de las Mujeres (IWHC, por sus siglas en inglés) dio la bienvenida a la iniciativa. «Cuando las feministas argentinas se organizan son una fuerza irresistible», afirmó.
El proyecto llegó a la cámara baja por el empuje desde hace 13 años de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito integrada por unas 500 organizaciones sociales y políticas de índole feminista.
En un sector opuesto a la plaza frente al Congreso los anti abortistas, ataviados con prendas celestes, se mostraron compungidos.
Aquellos que se proclaman «pro vida» esperan que el Senado, donde los legisladores muestran una tendencia más conservadora, impida la aprobación del proyecto cuando sea debatido previsiblemente este año.
Aquellos que se proclaman «pro vida» esperan que el Senado, donde los legisladores muestran una tendencia más conservadora, rechace el proyecto.
Los legisladores a favor de la interrupción voluntaria del embarazo argumentan que evitará la muerte de miles de mujeres humildes expuestas a complicaciones por abortos clandestinos y garantizará la libertad de las mujeres sobre sus cuerpos.
Los que se manifiestan en contra alegan su formación católica y advierten que el aborto destruye la vida de un ser indefenso y va contra el ordenamiento jurídico argentino que garantiza la vida desde el momento de la concepción.
En Argentina es ilegal interrumpir el embarazo excepto en los casos de violación y riesgo para la vida o salud de la madre; sin embargo, ese primer supuesto no se cumple en todas las provincias.
Las mujeres se exponen a penas de hasta cuatro años de cárcel por abortar, la misma con la que se castiga a los médicos si practican abortos a embarazadas con su consentimiento.
El proyecto también establece que fuera del plazo de 14 semanas las mujeres podrán abortar cuando su embarazo sea producto de una violación, si estuviera en riesgo su vida o salud o si se diagnosticara la inviabilidad de la vida extrauterina del feto.
A su vez contempla el derecho a la objeción de conciencia de los médicos previa inscripción en un registro -aunque los centros de salud públicos y privados tendrán que garantizar la práctica- y la creación de consejerías pre y post aborto para asesorar a las mujeres.
Asimismo establece que el aborto debe practicarse desde su requerimiento en un plazo máximo de cinco días corridos en los sistemas de salud públicos y privados y que será reprimida con prisión de tres meses a un año e inhabilitación la autoridad de un establecimiento de salud o el profesional que obstaculice o se niegue a practicar un aborto.
Unas 520.000 mujeres, según una estimación de 2016 del Ministerio de Salud argentino, interrumpen sus embarazos de forma clandestina anualmente. La cartera reportó además que ese año 43 embarazadas fallecieron como consecuencia de abortos, sin especificar si fueron espontáneos o inducidos.
La mayoría de los sondeos son favorables a la iniciativa, apoyada por los organismos de derechos humanos argentinos y organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
Argentina ha sido escenario en los últimos años de conquistas sociales como la ley del matrimonio igualitario en 2010 y la ley de identidad de género en 2012.
