El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó este miércoles la 29ª edición de su Informe Anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, correspondiente al período enero-diciembre de 2017, en el que se registran los principales avances, retrocesos, obstáculos y amenazas para la realización de 14 derechos humanos en nuestro país.
Aseguran que en el período antes referido, han registrado los peores indicadores en materia de derechos humanos desde 1989, fecha en que comenzaron en la elaboración del Informe Anual.
«En Venezuela formalmente no hay un conflicto armado ni una guerra, pero hay tantas víctimas como si lo hubiera. La emergencia humanitaria compleja, la violencia institucional y la inseguridad han convertido el derecho a la vida en el derecho más violentado», sostiene la organización.
Aseguran además que durante el período que abarca este Informe, la población venezolana continuó viviendo el deterioro de su calidad de vida, pero a su vez fue protagonista de la primera rebelión popular venezolana del siglo XXI.
«La respuesta de Nicolás Maduro fue asumir una actitud indolente ante el sufrimiento, ordenar a sus fuerzas militares y policiales recurrir al uso excesivo de la fuerza ante la protesta social, y afianzar su dictadura imponiendo por vía fraudulenta una asamblea nacional constituyente que desconoce la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999», asegura el informe.
Según Provea otro derecho humano que ha sido vulnerado de manera recurrente en Venezuela, es el de la alimentación.
«Resulta que 9 de cada 10 venezolanos no puede pagar su alimentación diaria; 8 de cada 10 venezolanos declararon haber comido menos por no contar con suficiente alimento en el hogar o por la escasez; aproximadamente 8,2 millones de venezolanos ingieren dos o menos comidas al día», alertan.
En materia de derecho a la salud, Provea explica que durante 2017 se hicieron patentes los estragos de una emergencia humanitaria compleja cuyas consecuencias fueron el desplome de las capacidades sanitarias a nivel nacional, gran parte de las cuales descansaban en un sistema de salud público que fue sometido a una larga y sistemática destrucción.
«Provea registró 9.662 denuncias de violaciones del derecho a la salud, que representa un 98% de aumentorespecto a las registradas en 2016, y el mayor incremento ocurrido en los últimos cinco años», precisa el informe.
En 2017 la organización defensora de derechos humanos logró individualizar a un total de 397 personas víctimas de violación al derecho a la vida, cifra que de acuerdo a sus registros representa un incremento de 17,80% respecto al periodo inmediato anterior, manteniendo la variable un comportamiento ascendente por sexto año consecutivo, con lo que consolida la tendencia al incremento que experimenta desde 2012.
Finalmente, en materia de derecho a la integridad personal Provea registró 7.357 casos que incluyen torturas; tratos crueles; allanamientos ilegales; heridos y/o lesionados, y amenazas y hostigamiento.
«La cifra registrada, comparada con el periodo anterior cuando se registró un total de 1.790 casos de violaciones al derecho a la integridad personal, representa un aumento de 411% en el número de violaciones».
