Rechazar enérgicamente los señalamientos del ministro de Salud Luis López contra Francisco Valencia, defensor de derechos humanos y Presidente de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida (Codevida), acordaron las organizaciones no gubernamentales que integran el Movimiento de Derechos Humanos, a través de un comunicado.
En el comunicado hacen mención a las diversas acusaciones que hizo López, contra Valencia y Codevida, advirtiendo el alto funcionario gubernamental no fundamentó sus graves acusaciones ni contra el presidente de Codevida ni contra esta Coalición, ocupada en defender los derechos a la salud y la vida de la población venezolana. Tampoco ofreció mayores detalles sobre las razones para no tomar medidas urgentes que comprenden usar la asistencia humanitaria a fin de evitar que unas 300.000 personas con condiciones crónicas fuesen privadas de medicamentos por más de un año, incluyendo personas trasplantadas, con hemofilia, cáncer y VIH que han ido falleciendo entre los años 2017 y 2018 por no tomar sus tratamientos.
Recuerdan que el ministro López ocupa la cartera de Salud desde mayo de 2017, luego de desempeñarse como director de Salud de la Gobernación de Aragua. Durante su gestión, han empeorado los servicios públicos de salud y han ocurrido importantes retrocesos, como la suspensión del programa de procura de órganos y trasplante renal. Transcurrido un año de dicha suspensión, que deja en riesgo de muerte a aproximadamente 5.000 venezolanos, Codevida realizó una de las más recientes jornadas de protesta en la sede del Ministerio de Salud. Esas son las acciones ciudadanas que molestan al ministro López.
Denuncias sustentadas
Las denuncias de Codevida sobre la privación de medicamentos, insumos, material y tratamiento médico en Venezuela han sido convalidadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el Informe País elaborado por la CIDH y divulgado en febrero de 2018 se indica: “…tres millones de personas con enfermedades crónicas habrían pasado al menos un año sin acceder a ningún tratamiento”. El 9 de febrero de 2018, 4 Relatores Especiales y Expertos Independientes de las Naciones Unidas de forma conjunta, señalaron que “miles de personas en Venezuela sufren hambre, no tienen acceso a medicamentos esenciales y están tratando de sobrevivir en una espiral que no parece tener final…”. Asimismo, señalaron que “la situación de salud ha alcanzado niveles intolerables, especialmente para las personas que sufren de enfermedades crónicas y terminales, tales como diabetes, deficiencia renal y cáncer”.
Francisco Valencia es una víctima directa del incumplimiento del Estado en su obligación de garantizar la salud y la vida de las personas con condiciones crónicas. Su labor en defensa de los derechos humanos ha sido reconocida dentro y fuera de Venezuela, y en marzo de 2018 fue merecedor del Premio de Derechos Humanos de la Embajada de Canadá y del Centro para la Paz y los Derechos Humanos “Luis María Olaso” de la Universidad Central de Venezuela. En esa oportunidad Valencia dijo: “Todos debemos ejercer la defensa de las personas más vulnerables: nuestros niños, nuestros abuelos, las personas con condiciones de salud crónica…es momento de que todos nos unamos ante esta situación devastadora que estamos viviendo, para que tengamos una Venezuela distinta”.
Criminalizan defensa de DDHH
La CIDH y los órganos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas también han manifestado su preocupación por la criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos y la existencia de prácticas estatales que restringen gravemente el ejercicio del derecho a la protesta social y libertad de expresión en Venezuela. Las acusaciones del ministro López contra Valencia corresponden, precisamente, a un sistemático patrón de intimidación y represalia contra defensores, personal de salud y periodistas que han denunciado los altos niveles de destrucción en los que se encuentra el sistema sanitario venezolano y los daños y pérdida de vidas humanas que ello está causando como producto de una emergencia humanitaria compleja en Venezuela.
Las organizaciones que suscriben el presente documento acogemos la exhortación de la CIDH al Estado venezolano en defensa de la legítima promoción y defensa de derechos humanos, establecida como un derecho y como un deber ciudadano en el artículo 132 de la Constitución: “Garantizar las condiciones para que las y los defensores de derechos humanos realicen libremente sus actividades sin temor a intimidación y represalias, abstenerse de hacer declaraciones que estigmaticen a las defensoras y defensores, sólo por el hecho de realizar sus labores de promoción o protección de derechos humanos y protegerlos cuando son objeto de amenazas para evitar atentados contra su vida e integridad”.
Igualmente exigimos al Ministro y demás autoridades abstenerse de descalificar el trabajo de Francisco Valencia y exhortamos a la Defensoría del Pueblo a realizar sus funciones y pronunciarse públicamente a favor del derecho a defender derechos.
Asimismo, solicitamos a las organizaciones sociales y de derechos humanos del continente continuar monitoreando y visibilizando la emergencia humanitaria compleja en nuestro país, haciendo todos los esfuerzos posibles para que el gobierno venezolano acepte la asistencia y cooperación internacional que permita, a corto plazo, que las personas en el país puedan tener acceso a medicamentos y a servicios de salud esenciales.
El comunicado esta suscrito por 120 organizaciones sociales y de derechos humanos venezolanas, más de 20 individualidades vinculadas con estas actividades.
