En el año 2017 el presupuesto nacional cuadruplicó el del año anterior. Con la inconstitucional excusa de la emergencia económica y el invento del “desacato”, también inconstitucional, no lo sometió a la Asamblea Nacional. Pero no le alcanzó y decretó, igualmente sin control parlamentario, más de diez billones en créditos adicionales, para un total cercano a los veinte billones de bolívares. Cuando se suma lo administrado por el Ejecutivo Nacional a lo dispuesto por las empresas del Estado, la cantidad llega a 36.2 billones de bolívares.
A pesar de eso los servicios públicos han colapsado, las calles y carreteras están llenas de huecos, casi no hay obras públicas nuevas y muchas iniciadas quedan inconclusas, las instalaciones hospitalarias y educativas están decadentes, las universidades públicas se asfixian.
El Banco Central de Venezuela tiene la obligación constitucional de velar por la estabilidad en el valor de la moneda y en los precios. Si en 2008 le quitaron tres ceros a las cantidades de bolívares y los llamaron bolívares fuertes y en menos de dos meses le quitarán otros tres y lo llamarán soberanos, no hay otra verdad que el bolívar perdió un millón de veces su valor. En varios años anteriores tuvimos el dudoso honor de sufrir la inflación más alta del mundo, pero la hiperinflación desatada desde fines de 2017 y acelerada en los primeros meses de 2018, es una ruina para todos, seamos trabajadores o empresarios, productores o consumidores.
De las 526 empresas estatales, las de peor desempeño fueron PDVSA y sus filiales, antes gallina de los huevos de oro, con pérdidas de 775 millardos de bolívares en 2016. Esas pérdidas las pagamos los venezolanos, pues el sector público le ha transferido a las empresas que maneja cantidades de recursos que hacen falta para necesidades de la población.
La responsabilidad por estos daños a la vida venezolana está en el modelo que contra la Constitución y el sentido común se empeñan en imponernos. El estatismo monopólico basado en una superstición ideológica, el poder concentrado y sin control que genera derroche y corrupción.
Para el 20 de mayo, los mismos responsables de este desastre convocaron atropelladamente un simulacro de votación cuyo propósito es mantenerse en el poder y seguir abusando. La comunidad internacional no lo reconoce. Ilegalizaron partidos, inhabilitaron candidatos, negaron la observación internacional. Esta no es una elección. Por eso, no votaré.
