Un total de 927 protestas registró hasta el mes de abril de 2018, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, lo que refleja un incremento de 25% en comparación con el mismo período del año pasado, con un saldo de 11 fallecidos, lo que evidencia la profundización del colapso en Venezuela.
De acuerdo con el informe, el 89% de las protestas fue para exigir derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; mientras que el 11% restantes fue para exigir derechos civiles y políticos.
Durante el período analizado continuaron las protestas por servicios básicos, principalmente: electricidad, gas doméstico y agua potable; protestas por alimentos y medicinas; colapso en el servicio de transporte; movilización de partidos políticos y sociedad civil en rechazo a la próxima jornada de votación del 20 de mayo y cierres de calle y concentraciones como las principales modalidades de protesta.
Los derechos a los servicios básicos, fueron los más demandados con un 338%; los derechos laborales, ocupan el segundo lugar con 335%; derecho a la salud, 156% y derecho a la alimentación, 51%.
Destaca el informe que las calles han sido escenario de protestas para los ciudadanos, quienes a diario sufren la precariedad de los servicios básicos necesarios para gozar de una vivienda digna, adecuada, higiénica, segura y cómoda. Los cortes de energía eléctrica afectaron el desenvolvimiento de actividades comerciales, educativas, domésticas, culturales e incluso la salud pública.
De las 927 protestas registradas, al menos 338 estuvieron vinculadas a la precariedad en servicios básicos. Un promedio de once protestas diarias, correspondiendo 130% a agua potable, 117 a electricidad y 91 a gas doméstico.
El OVCS documentó 337 protestas laborales en abril, equivalente a 36% del total de movilizaciones documentadas. En lo que va de año se registran 1.045 en todo el país.
Esto es una evidencia que, a pesar de cualquier incentivo, ajuste salarial o anuncios de mejoras de beneficios contractuales, los trabajadores siguen padeciendo una crisis que no les permite disfrutar de una mejor calidad de vida.
Otro de los problemas tiene que ver con la existencia de una alta rotación del talento humano, que provoca que no se especialicen en un área determinada o abandonen sus puestos buscando mejores opciones socioeconómicas. Algunos trabajadores, también, tienen múltiples fuentes de ingreso dentro de la economía informal.
Las principales quejas se enfocan en la caída del poder del adquisitivo, falta de materia prima en las empresas donde se desempeñan para incrementar la producción y más recientemente la afectación del servicio de transporte.
Con el ajuste de salario mínimo en abril, el tercero en lo que va de año y el número 22 en cinco años de gestión de Nicolás Maduro, que llevó al denominado salario integral a Bs 2.555.500, los trabajadores lo calificaron como un “golpe al bolsillo”, porque lejos de mejorar su capacidad adquisitiva, aceleró la inflación, señala el OVCS.
