Panamá suspenderá temporalmente a las aerolíneas venezolanas de pasajeros y carga en su territorio, varios días después de que el gobierno de Caracas tomó la decisión de paralizar toda actividad económica con la nación centroamericana, se anunció el martes.
Las llamadas medidas de «retorsión» fueron aprobadas en reunión del mandatario Juan Carlos Varela con su equipo de ministros y suponen un aumento del conflicto económico de las últimas semanas entre ambas naciones, informó la presidencia en un comunicado.
La orden panameña suspende por 90 días –a partir del 25 de abril– todas las actividades de transporte aéreo de pasajeros y de carga de un grupo de empresas de aviación de la nación sudamericana, una acción similar a la que Caracas adoptó la semana pasada con la compañía panameña Copa Airlines.
Entre estas compañías figura la estatal Conviasa, que realiza dos vuelos semanales a Panamá, y Avior, Laser y Turpial, con seis, ocho y cuatro vuelos semanales, respectivamente, según informes del sector turístico de Venezuela.
La sanción también afecta a la compañía Aeropostal, que no está en operación; a Santa Bárbara, que fue suspendida por 90 días en enero pasado; y a Rutaca, a quienes las autoridades aeronáuticas venezolanas prohibieron operaciones por tiempo indefinido.
La medida panameña podría representar un nuevo dolor de cabeza para los venezolanos que salen del país o transportan alimentos y medicinas vía aérea desde Panamá a una Venezuela sumida en una profunda crisis política y económica.
Centenares de pasajeros con vuelos saliendo de Caracas rumbo a diversos destinos se vieron afectados la semana pasada después de la suspensión de operaciones de Copa, que cubre el 36% de la demanda venezolana hacia Latinoamérica.
En los últimos años Panamá ha sido uno de los principales países latinoamericanos a donde han emigrado miles de venezolanos.
El gobierno panameño ordenó la semana pasada el retiro de su embajador y exigió a su similar venezolano que hiciese lo mismo después de que Caracas anunció la suspensión temporal de toda actividad económica y comercial con un grupo de empresas y altos funcionarios panameños. La canciller panameña Isabel de Saint Malo advirtió en la víspera que su país preparaba sanciones.
La crisis bilateral comenzó en marzo pasado, después de que el gobierno de Panamá incluyó al presidente venezolano Nicolás Maduro y a varios de sus colaboradores, así como a un grupo de empresas, en una lista de «alto riesgo» de cometer operaciones de blanqueo de capitales, una medida con la que las autoridades del país centroamericano buscan proteger a su plaza financiera.
